Un total de nueve empresarios, entre ellos tres imputados en la causa, habrían pagado para conseguir beneficios que finalmente no llegaron. Según las investigaciones, al menos tres de los empresarios habían pagado el «peaje» a la asociación que presidía el diputado del PSOE, mientras que el resto habría pagado viajes, copas y comidas.
Los tres empresarios imputados, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Antonio Plasencia Santana y Antonio Bermúdez, habrían pagado una cantidad de dinero a la asociación liderada por el diputado socialista para conseguir el favor del Ayuntamiento de Telde, en las islas Canarias. Sin embargo, estos empresarios han declarado que el dinero pagado no les ha reportado ningún beneficio y que lo hicieron por miedo a que el Ayuntamiento les perjudicara en sus negocios.
Por su parte, los otros seis empresarios investigados en la causa habrían pagado a la asociación liderada por el diputado socialista para conseguir viajes, copas y comidas, pero también aseguran que no recibieron ningún beneficio a cambio.
La investigación comenzó cuando se recibieron varias denuncias que alertaban sobre las prácticas irregulares de la asociación liderada por el diputado socialista. Tras meses de investigación, se ha logrado identificar a los nueve empresarios implicados en la causa, quienes han sido citados para declarar ante el juez.
En sus declaraciones, los imputados han asegurado haber actuado por miedo y presión del Ayuntamiento de Telde, que les habría amenazado con perjudicarles si no se comportaban de forma adecuada con la asociación liderada por el diputado socialista. Sin embargo, las autoridades han señalado que esta justificación no exculpa a los empresarios de haber cometido un delito.
La asociación liderada por el diputado socialista ha sido objeto de diversas investigaciones desde hace años, ya que se le acusa de actuar como una suerte de lobby encargado de conseguir favores para sus miembros. La fiscalía ha señalado que se trata de un «peaje» que los empresarios han de pagar para conseguir contratos públicos y otros beneficios.
En las últimas semanas, el caso ha ganado notoriedad después de que se hiciera pública la imputación del diputado socialista. Varios partidos políticos han pedido la dimisión del diputado, así como de otros políticos implicados en la causa.
El hecho de que se hayan identificado a varios empresarios imputados también ha generado un gran revuelo en las islas Canarias, donde el sector empresarial ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan más casos de este tipo.
En cualquier caso, las autoridades han señalado que seguirán investigando para determinar el alcance real de la trama liderada por el diputado socialista y sus colaboradores, así como para determinar si hay más empresarios implicados en la causa. El objetivo, según ha explicado la fiscalía, es acabar con este tipo de prácticas corruptas y asegurar que los contratos públicos se conceden de forma justa y equitativa.
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