En un fallo significativo, el Tribunal Constitucional ha respaldado la anulación de la norma que exigía una precontratación mínima de 30 minutos para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en Baleares, marcando un precedente importante en la regulación del transporte privado en España. Esta decisión, tomada de forma unánime por el Pleno del Tribunal, responde a la cuestión de inconstitucionalidad que había planteado previamente el Tribunal Supremo respecto a un artículo específico del Decreto-ley 1/19, fechado el 22 de febrero, que imponía esta restricción temporal en la contratación de los servicios de VTC.
El Tribunal Constitucional comunicó el martes que, de acuerdo con su sentencia, dicha medida se considera contraria a la libertad de empresa y «obstaculiza de forma no razonable» la actividad económica de los VTC, una declaración que salió a la luz tras la reflexión del Supremo realizada en 2023. Esta conclusión se basa en la evaluación de que la normativa impugnada no solo coloca a los VTC en una desventaja competitiva significativa frente a otros medios de transporte, como los taxis, sino que también limita las opciones disponibles para los consumidores que buscan servicios de transporte privado.
Aunque el decreto ley buscaba establecer un equilibrio entre el sector de los taxis y los VTC, tratando de asegurar una competencia justa entre ambos, el Tribunal Constitucional determinó que la medida específica de los 30 minutos no es adecuada ni está justificada. Esta decisión sugiere un conflicto con los objetivos inicialmente propuestos por el Govern balear, apuntando a que la restricción impuesta no solo afecta negativamente a los proveedores de VTC sino que también, de manera indirecta, puede impactar en los consumidores, quienes se ven forzados a esperar tiempos innecesarios antes de poder recibir el servicio.
Este fallo, además, llega en un momento en que el sector de los VTC está bajo escrutinio público y regulador, como se refleja en una operación reciente que culminó con la detención de 17 personas por blanquear dinero del narcotráfico a través de licencias VTC, poniendo en evidencia los desafíos legales y de regulación que enfrenta este modelo de negocio.
La sentencia del Tribunal Constitucional abre un nuevo capítulo en la regulación del transporte privado en España, subrayando la necesidad de equilibrar la libertad empresarial con la protección del consumidor y una competencia leal entre diferentes modos de transporte. La decisión no solo afectará a las operaciones en Baleares sino que también podría tener implicaciones para cómo se regulan los servicios de VTC en otras regiones del país. El fallo reafirma la importancia de diseñar normativas que no sólo busquen la justicia entre competidores sino que también salvaguarden los intereses de los consumidores.
