La sentencia del Tribunal Constitucional que avala el decreto de medidas urgentes para el alquiler de viviendas presentado por el Gobierno ha sido recibida con agrado por el Ejecutivo, que considera que esta medida es fundamental para paliar la grave situación que atraviesa el mercado de la vivienda en España.
La sentencia, de la que ha sido ponente Cándido Conde-Pumpido, afirma que el Gobierno ha razonado la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica la norma. Además, señala que la medida no vulnera ningún derecho fundamental y que está en línea con la Constitución española.
El decreto aprobado por el Gobierno en marzo de 2019 establecía una serie de medidas para fomentar el alquiler de viviendas. Entre ellas, destacan la ampliación de los plazos de los contratos de alquiler, la limitación de las fianzas que se deben depositar para alquilar una vivienda y la eliminación de los requisitos de regularidad en el pago de deudas tributarias y de la Seguridad Social para poder acceder al alquiler de una vivienda social.
El Ejecutivo defendió entonces que esta medida era necesaria para frenar la subida descontrolada de los precios del alquiler en las grandes ciudades, que estaba provocando que muchos ciudadanos no pudieran acceder a una vivienda digna.
La sentencia llega en un momento en que la situación económica del país se ha visto profundamente afectada por la pandemia de la Covid-19, lo que ha empeorado aún más la situación de los ciudadanos que viven en situación de vulnerabilidad y que tienen dificultades para acceder a una vivienda.
El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones que uno de los principales desafíos que tiene el país es el acceso a la vivienda digna, y ha prometido trabajar para poner en marcha medidas que permitan frenar la subida de los precios del alquiler.
No obstante, algunos expertos han criticado la medida, señalando que podría tener consecuencias negativas en el mercado de la vivienda a largo plazo. Según algunos expertos, la medida podría provocar una disminución de la oferta de viviendas en alquiler y un aumento de los precios, lo que haría aún más difícil el acceso a la vivienda para los ciudadanos más vulnerables.
En cualquier caso, la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la medida es un paso importante para el Gobierno, que espera que esta medida contribuya a paliar la situación de crisis que atraviesa el mercado de la vivienda en España. Ahora queda por ver si esta medida tiene el efecto deseado o si, por el contrario, sus consecuencias a largo plazo son más negativas de lo que se esperaba. Lo que está claro es que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que debe ser protegido, y que es responsabilidad de todos los actores implicados tomar medidas que permitan garantizar este derecho para todos los ciudadanos.
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