En un reciente giro judicial, una jueza desestimó la solicitud del PSOE y Más Madrid para incorporar nuevos delitos en la causa contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, enfatizando que dichas solicitudes podrían ser consideradas innecesarias o excesivamente complejas y dilatorias. La decisión, revelada al público a través de Diario de Actualidad el pasado 31 de julio, marca un punto de inflexión en un caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública y los círculos políticos madrileños.
Los partidos de la oposición habían intentado ampliar la investigación para incluir presuntos delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y falsedad contable, sugiriendo que González Amador podría haber actuado dentro de lo que calificaron como «una organización criminal». Este intento se produjo en un contexto donde la anticipación de un acuerdo entre la defensa de González Amador y la Fiscalía podría haber resultado en el reconocimiento del fraude fiscal y una propuesta de sentencia atenuada.
Sin embargo, la respuesta de la jueza subraya la falta de indicios suficientes para respaldar la extensión de la causa a los delitos propuestos por PSOE y Más Madrid. La magistrada instruyó sobre cómo proceder en futuros escenarios, señalando que la presentación de querellas o denuncias ante el órgano judicial competente sería el canal adecuado ante nuevas acusaciones.
El caso de González Amador se centra, hasta el momento, en dos delitos fiscales en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil. Las acusaciones populares habían aspirado a recalificar la naturaleza de estos delitos agravándolos por supuesta asociación con actividades criminales, lo que potencialmente habría complicado cualquier negociación para acordar una condena.
Además, la indefinición en el posicionamiento de la presidenta Díaz Ayuso ha sido motivo de crítica continua por parte del PSOE, que insiste en clarificar las circunstancias en las que convive con González Amador, especialmente en relación con su conexión con Quirón Salud. La defensa persistente por parte de los socialistas sobre los vínculos financieros y contractuales entre la Comunidad de Madrid, la empresa en cuestión y la pareja presidencial, refleja la intensidad del escrutinio político en este caso.
La magistrada anunció que convocará nuevamente a González Amador para proceder con el caso bajo los cargos existentes. A principios de año, la defensa del acusado había propuesto un acuerdo que hubiera involucrado el reconocimiento del fraude fiscal y una pena de cárcel reducida, junto con el pago de una multa. Este acuerdo se vio estancado tras una filtración de detalles, pero con la reciente decisión judicial, las puertas para una posible resolución amistosa del caso parecen reabrirse.
Este episodio judicial no solo pone de relieve las complejidades del sistema legal y las estrategias de defensa, sino que también subraya la tensión política en la región, donde las implicaciones de este caso trascienden el ámbito judicial para adentrarse en terrenos de la ética política y la transparencia gubernamental.
