En una sorprendente revuelta de eventos que ha impactado tanto a observadores políticos como a ciudadanos de a pie, la línea de AVE que conecta Madrid y Lisboa se ha convertido en un inesperado punto de encuentro entre los intereses del Gobierno español de Pedro Sánchez y las aspiraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este proyecto ferroviario, que busca unir las capitales de España y Portugal a través de un servicio de alta velocidad, ha ganado un renovado impulso gracias a un reciente cambio en la administración portuguesa.
Con la aprobación de un ambicioso plan de infraestructuras por parte del Consejo de Ministros portugués, liderado por el nuevo gobierno conservador de Luís Montenegro, se ha priorizado la conexión de alta velocidad entre Lisboa y Madrid, desplazando así otros planes precedentes que favorecían una línea que uniría Lisboa con la región de Galicia, en el norte de España. Este cambio de dirección ha sido recibido con agrado por el gobierno de Sánchez, quien, a pesar de no oponerse a la conexión Lisboa-Vigo, veía con mejores ojos el trajín directo entre las capitales ibéricas.
La repriorización no implica el abandono de la conexión con Galicia, pero sí la relega a un segundo plano, sin una fecha asignada para su realización, a diferencia del proyecto Madrid-Lisboa, para el cual se estima una fecha de finalización en 2034. La modificación en el itinerario portugués revela una preferencia por fortalecer los lazos con la capital española sobre otras conexiones nacionales, una maniobra que también podría interpretarse como un esfuerzo por aliviar la presión sobre el saturado aeropuerto de Lisboa mediante una mejora en la conectividad terrestre.
El proyecto ha sido objeto de intensas negociaciones bilaterales, donde ministros de ambos países, durante una reunión en Madrid, acordaron ver ambos enlaces—el de Madrid y el de Galicia—bajo la misma lupa de importancia. Esta declaración de equidad en la priorización de proyectos ha marcado un cambio significativo en la postura política de Portugal, que, bajo el liderazgo anterior de Antonio Costa, había defendido fervientemente la conexión con Galicia debido a los fuertes lazos sociales, culturales y económicos que unen esta región con el norte de Portugal.
Este giro en la política de infraestructuras también tiene implicaciones en el terreno español, en particular para la ciudad de Vigo, que verá disminuida su relevancia como nodo ferroviario hacia la capital española desde Portugal. Este cambio viene acompañado de cierto alivio en presiones presupuestarias y operativas al gobierno español, que ahora puede replantearse proyectos domésticos pendientes sin el peso de la urgencia transfronteriza.
En resumen, la nueva orientación en la planificación de infraestructuras de Portugal refleja no solo un cambio en la política interna del país sino también una reconfiguración de las dinámicas ibéricas en materia de transporte y conectividad. Mientras Madrid celebra esta convergencia de intereses políticos, en Galicia se ajustan a una nueva realidad donde sus planes de mayor conectividad toman un asiento trasero en la agenda bilateral entre España y Portugal.
