El anticipado acuerdo entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para modificar la ley del Consejo Consultivo de Andalucía ha caído inesperadamente en desacuerdo debido a un cambio reciente en el panorama político y judicial. Elemento clave de este desencuentro ha sido la reciente intervención del Tribunal Constitucional, que ha decidido revisar las sentencias del notorio caso de los ERE, un escándalo de corrupción que involucraba a antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía.
La discrepancia ha surgido principalmente en torno a la posibilidad de que Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos expresidentes de la Junta de Andalucía y con condenas de inhabilitación por su implicación en el caso de los ERE, pudieran beneficiarse de una disposición en la reforma de la ley. Dicha disposición propone que los expresidentes mayores de 75 años puedan optar a convertirse en miembros permanentes del Consejo Consultivo, una institución que cumple roles similares al Consejo de Estado a nivel autonómico, con un mandato de 5 años.
Esta posibilidad surge a la luz de que Chaves y Griñán podrían ver anuladas sus sentencias dada la actual revisión de sus casos por parte del Tribunal Constitucional. Esta circunstancia ha provocado el rechazo frontal del PP a apoyar la mencionada disposición adicional de la ley.
El rechazo del PP no solo se centra en evitar que Chaves y Griñán puedan beneficiarse de la reforma en caso de que sus condenas sean revocadas, sino también en preservar una imagen de integridad y evitar que «quede ninguna sombra de duda», según palabras del diputado popular Pablo Venzal. Este cambio de postura deja en el aire el estado de la reforma pactada inicial y abre una brecha en las relaciones PP-PSOE, que hasta el momento habían mostrado un frente común en esta materia.
La revisión del caso de los ERE por parte del Tribunal Constitucional, y en especial la expectativa de que podría haber una anulación o revisión de las condenas de personalidades políticas tan relevantes como Chaves y Griñán, ha añadido un elemento de incertidumbre y polémica a la ya compleja dinámica política andaluza.
Los partidos de la oposición, como Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, ya han expresado su rechazo a la posibilidad de que figuras implicadas en casos de corrupción puedan ser acogidas bajo la nueva legislación, viendo en ello un trato de favor indebido. Esta polémica emerge en un contexto más amplio de reevaluación del caso de los ERE, con el Tribunal Constitucional planeando abordar recursos relacionados con este asunto en sus próximas sesiones.
La situación refleja la complejidad y sensibilidad de la política de coalición en España, así como el impacto que las decisiones judiciales pueden tener sobre acuerdos políticos previamente establecidos. Lo que estaba pensado como un avance legislativo bipartidista ahora queda en un punto muerto, pendiente de futuras negociaciones y de la resolución definitiva de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE.
