En una decisión polémica que ha avivado el debate sobre la independencia judicial y el derecho a un juicio equitativo, el Tribunal Constitucional ha optado por apartar al magistrado José María Macías de su participación en todos los recursos presentados contra la Ley de Amnistía. Este hecho se ha encontrado con la rápida reacción del Partido Popular (PP), que este jueves ha formalizado un recurso de súplica en contra de dicho auto del TC.
El PP alega que la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, constituye un «atropello al derecho de las partes personadas a un proceso justo y equitativo». En un comunicado, la formación política liderada por Alberto Núñez Feijóo sostiene que el Tribunal ha «vulnerado su derecho a efectuar alegaciones» sobre la recusación del magistrado Macías, «no respetando los principios de contradicción e igualdad de armas» y dejando al partido en situación de «indefensión».
La crítica se centra también en el procedimiento adoptado por el Tribunal, al que el PP reprocha por «prescindir de todos los trámites que conlleva todo expediente de recusación y suprimiendo el derecho de las partes personadas en el mismo». Esta acusación subraya la percepción de un manejo irregular del caso por parte del TC, algo que el PP anticipa que no dejará pasar sin más, insinuando futuras acciones para confrontar lo que considera una «vulneración» por parte de la máxima instancia constitucional del país.
El origen del conflicto se remonta al 29 de enero, cuando el TC decidió extender la exclusión de Macías de las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad propuesta por el Supremo respecto a la Ley de Amnistía. Esta determinación se basa en la «participación directa o indirecta» del magistrado conservador en dos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la normativa en cuestión, cuando Macías ejercía como vocal.
Este episodio resalta las tensiones existentes dentro del aparato judicial español y pone de relieve la complejidad de garantizar un equilibrio entre los derechos procesales y la imparcialidad judicial. Con el PP plantando cara al auto del Tribunal Constitucional, el debate sobre la independencia judicial y las garantías de un proceso justo se encuentra más vivo que nunca, prometiendo generar divisiones y discusiones profundas en la sociedad y el sistema judicial español.
