La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido la petición 0832/2021 interpuesta por el despacho español Navas&Cusí, en representación de la Asociación EPA (empleados públicos abusados), contra la Ley española 20/2021 que regula el abuso de contratos sucesivos en el empleo público, “por restringir los derechos de los empleados públicos temporales, dejándoles en completa indefensión y desprotegidos al no tener derecho ni a indemnización por cese, ni a la compensación por no superar el proceso selectivo, lo cual supone un incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE.”
Según datos oficiales, el número de trabajadores interinos y de personal laboral al servicio de la Administración Pública española asciende a un total aproximado de 900.000 trabajadores, de conformidad con las tres últimas Encuestas de Población Activa (EPA). Ello representa aproximadamente un 44% frente al 56% que conforma el personal funcionario.
La citada ley 20/2021, aprobada el 28 de diciembre, no contiene medidas adecuadas para prevenir el abuso de temporalidad. Por eso, Navas&Cusí Abogados decidió ampliar la queja inicial que sigue abierta ante la Comisión Europea y ha presentado hace dos meses a la Comisión un análisis jurídico exhaustivo e información adicional necesaria para poder demostrar en qué consiste concretamente la infracción de la normativa europea por la nueva ley.
La Ley 20/2021 infringe la Directiva Europea porque no controla la temporalidad en el empleo público y es contraria al principio de igualdad de los trabajadores.
El Reino de España lleva veintiún años evitando que se cumpla esta Directiva que, entre otras cosas, pretende prohibir y prevenir los abusos producidos por la utilización de forma sucesiva de contratos temporales o de duración determinada.
Pese a que la Directiva es muy clara en cuanto a la obligación de evitar el abuso en la temporalidad, el sector público no ha aplicado este deber, lo que ha dado lugar a una situación de temporalidad laboral insostenible en la que la única solución posible, y que es conforme a la normativa europea, es transformar a estos empleados temporales, víctimas de un abuso laboral, en empleados públicos de carácter indefinido.
Concepción Rodríguez Fariña, presidenta de la asociación de Empleados públicos Abusados (EPA) afirma que “se nos ha obligado a tener que recurrir al Parlamento Europeo y al Defensor del pueblo europeo, tras haber recorrido las instancias en España donde, lejos de defendernos, nos han insultado, atacado, vejado con acusaciones en sentencias demoledoras, donde el trabajador abusado se convierte en culpable de su situación y se le amenaza con unas costas inasumibles e inexplicables, para privarle de su derecho a defenderse.
