El Algarrobico, ese gigante de cemento que se alza en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en Almería, vuelve a ser protagonista de la actualidad política española. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ha puesto el foco en este controvertido proyecto durante su tour publicitario por Andalucía, anunciando planes de expropiación de los terrenos como precursor a su demolición.
Este movimiento no sólo aviva la pugna entre el gobierno central y la administración de Juanma Moreno en Andalucía sino que también vuelve a sacar a relucir el vínculo histórico del PSOE con este hotel, un esqueleto de 21 plantas y 400 habitaciones, surgido en medio de una joya natural.
La trama del Algarrobico se remonta a 1987, cuando bajo la batuta del entonces alcalde del PSOE de Carboneras, Cristóbal Fernández Fernández, se clasificaron los terrenos como urbanizables, dando inicio a la historia de esta construcción. Lo que siguió fue una serie de maniobras administrativas y políticas que, a pesar de la puesta en marcha en 1994 de leyes y planes regionales que protegían el entorno, permitieron la continuación del proyecto.
Irónicamente, fue también bajo un gobierno del PSOE, en 2002, que se solicitó una ayuda de 2,8 millones de euros para la construcción del hotel, indicando el soporte a nivel regional y nacional que tenía el proyecto. Sin embargo, la controversia en torno al impacto ambiental y la legalidad de la construcción pronto eclipsó ese apoyo.
La odisea legal que ha seguido al Algarrobico desde su inicio es digna de una novela. Denuncias de asociaciones ambientalistas, ordenes de paralización, declaraciones de protección ambiental y una serie absolutamente vertiginosa de sentencias y autos judiciales han marcado el destino incierto de este hotel desde que en 2004 comenzaron las obras.
Las vueltas y revueltas judiciales, que parecían encaminarse a favor de la protección ambiental del paraje, tomaron un giro sorpresivo en 2022 cuando el Tribunal Supremo dictó que el hotel no podía ser demolido debido a la vigencia de su licencia de obras. Este fallo no hizo más que prolongar el embrollo legal y político en el que se encuentra sumergido El Algarrobico.
Ahora, en 2023-2024, mientras Greenpeace lleva la batalla al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la esfera política se agita nuevamente con propuestas de expropiación que recuerdan intentos pasados bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. El actual gobierno andaluz, por su parte, critica esta medida como una «cortina de humo», abogando por la nulidad de las licencias otorgadas dos décadas atrás.
La historia de El Algarrobico es un claro recordatorio de cómo el urbanismo depredador y la falta de coherencia en las políticas medioambientales y de planificación territorial pueden dejar cicatrices indelibles en el paisaje y en la conciencia colectiva. Mientras la legalidad del hotel sigue enredada en los tribunales, su estructura permanece como un monumento a la controversia, esperando una resolución definitiva que todavía parece esquiva.
