Tras su reciente puesta en libertad, Víctor de Aldama se encuentra en medio de una tormenta política y judicial en la que se enfrenta al Gobierno, liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aldama, involucrado en una trama de corrupción relacionada con el fraude de los hidrocarburos y las mascarillas durante la crisis sanitaria, ha prometido presentar evidencia que respalde sus acusaciones contra varios miembros del Ejecutivo español y otros altos cargos políticos.
Desde su liberación, Aldama ha reiterado su intención de demostrar las afirmaciones que lo llevaron a prisión. Estas promesas han encontrado un muro de escepticismo por parte del Gobierno, que cataloga sus alegatos de infundados y le acusa de mentir para obtener su libertad. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha sido una de las voces más críticas, asegurando que Aldama no puede aportar pruebas “porque no hay nada”.
La relación de Aldama con figuras políticas, incluidos el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, ha sido negada por el Gobierno. Además, la vicepresidenta Montero ha desmentido conocer al empresario o haber interactuado con él en maniobras fiscales o financieras. Las acusaciones de Aldama, que incluso llegó a implicar pagos directos a colaboradores cercanos a Montero, han sido categorizadas como “radicalmente falsas”.
En respuesta a estas acusaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado acciones legales por injurias y calumnias contra Aldama. Esta querella conjunta busca defender la honra de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, y otros miembros del partido mencionados por el empresario. La tónica general del Gobierno y del PSOE es desacreditar las afirmaciones de Aldama, considerándolas una estrategia desesperada para evitar la cárcel.
La Moncloa ha mantenido una postura firme, negando cualquier relación directa entre Aldama y el presidente Sánchez. Sumado a esto, desde el Gobierno se ha intentado deslegitimar a Aldama, incluso burlándose de sus supuestas conexiones con entidades de inteligencia como el FBI y la CIA. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha ironizado sobre el alcance de las declaraciones de Aldama, restándoles toda credibilidad.
En medio de este entramado de acusaciones y negativas, Aldama se dispone a entregar a la Fiscalía documentos que sustenten sus afirmaciones. Si bien el Gobierno descarta la posibilidad de que tales pruebas existan o tengan validez, la atención está puesta en el próximo movimiento de Aldama y en cómo este caso podría afectar la estabilidad política y la imagen del Ejecutivo ante la opinión pública. La situación permanece tensa, y España observa expectante el desenlace de este conflicto que mezcla la política con alegaciones de corrupción.
