El fiscal general del Estado habla de «presiones e insinuaciones» en el caso del Mediador.

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha expresado su respaldo al fiscal encargado de la investigación de la trama de corrupción en la que está implicado el ex presidente madrileño, Ignacio González. García Ortiz ha calificado el trabajo del fiscal Jaime Serrano-Jover como «impecable».

La investigación se centra en la «operación Lezo», que implica malversación de fondos públicos y blanqueo de dinero. González y otros altos cargos del Partido Popular (PP) están siendo investigados por presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II durante su mandato.

Entre los arrestados también se encuentra el hermano del ex presidente, Pablo González, quien habría participado en la trama de corrupción a través de su empresa pública ADECSA. Según las investigaciones, ADECSA habría sido utilizada para desviar fondos públicos destinados a la construcción de infraestructuras en América Latina.

La operación Lezo ha generado una gran polémica en España, ya que González es uno de los políticos más influyentes del PP y del país. Además, se ha revelado que fue el propio González quien ordenó el espionaje a políticos y empresarios rivales a través de la empresa pública de seguridad MADRID.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la actuación de la justicia y ha afirmado que «en España todos somos iguales ante la ley». Sin embargo, la oposición ha criticado la lentitud en la reacción del Gobierno ante los casos de corrupción que afectan al PP.

La trama de corrupción en la que está implicado González es solo uno de los muchos casos de corrupción que afectan a la política española en los últimos años. El aumento del malestar social ante estos casos ha sido una de las principales causas del auge de los partidos antiausteridad y de la emergencia de iniciativas ciudadanas como Podemos.

La operación Lezo es un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en España. La actuación de la justicia y la respuesta del Gobierno serán claves para determinar si se avanza en la regeneración democrática o si, por el contrario, se profundiza en la crisis política.

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