El Gobierno de Pedro Sánchez ha culminado la operación de traslado de presos etarras exigido por EH Bildu, al anunciar que los cinco últimos terroristas encarcelados fuera del País Vasco serán acercados a cárceles cercanas a su lugar de origen. Esta medida supone un nuevo paso en el camino marcado por el Ejecutivo socialista para normalizar la relación entre el Estado y el nacionalismo vasco, así como para fomentar la convivencia y la reconciliación en el País Vasco.
La cuestión del acercamiento de presos etarras siempre ha sido controvertida en España, y en particular en el País Vasco, donde los partidos nacionalistas y los grupos afines a ETA han hecho de ello una de sus principales reivindicaciones. Para estos grupos, la dispersión de los presos etarras a cárceles alejadas de sus lugares de origen es una medida de represión y castigo que lejos de contribuir a su reinserción, dificulta su contacto con sus familias y allegados, así como su defensa y representación jurídica.
Por el contrario, para las asociaciones de víctimas del terrorismo, la dispersión de los presos etarras es una medida de seguridad necesaria para evitar su posible puesta en libertad por la presión de sus allegados y simpatizantes, así como para dificultar la coordinación entre ellos y la planificación de nuevos atentados.
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su disposición a abordar la cuestión del acercamiento de presos etarras, en línea con su apuesta por el diálogo con los partidos nacionalistas y la normalización de la relación entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas.
En este sentido, el pasado mes de febrero, el Ejecutivo anunció que aplicaría el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para permitir que los presos etarras pudieran gozar de permisos de salida extraordinarios, siempre y cuando cumplieran una serie de requisitos y condiciones. Esta medida fue duramente criticada por las asociaciones de víctimas del terrorismo, que la consideraron un premio a los presos etarras y una traición a las víctimas.
La decisión del Gobierno de acercar a los últimos cinco presos etarras encarcelados lejos de su tierra natal ha sido recibida con una mezcla de alegría y tristeza por los diferentes grupos implicados. Para los partidos nacionalistas y los afines a ETA, esta medida supone un paso más en la normalización de la relación entre el Estado y el País Vasco, aunque insuficiente para conseguir la repatriación a Euskadi de los presos etarras que aún permanecen en cárceles alejadas.
Para las asociaciones de víctimas del terrorismo, el acercamiento de los presos etarras es una derrota para la justicia y para las víctimas, que ven cómo los asesinos de sus seres queridos son premiados con el traslado a cárceles más cercanas a su tierra natal.
En cualquier caso, lo cierto es que el acercamiento de presos etarras forma parte de la política de diálogo y entendimiento que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo con los partidos nacionalistas y las diferentes comunidades autónomas. El reto ahora será conseguir que los presos etarras cumplan con su condena y se reincorporen a la sociedad de manera efectiva, sin poner en riesgo la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.
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