En un giro dramático digno de una novela, la historia de la escultura de Santa Margarita de Cortona ejemplifica las complejas tramas de fe, arte y delito que pueden entrelazarse en torno a las reliquias históricas. La santa, oriunda de las cercanías de Nápoles y con una vida inicial marcada por el pecado, se transformó tras una epifanía del Espíritu Santo, emprendiendo una peregrinación de redención por Italia que culminaría con la fundación de un convento en Cortona. Sin embargo, siglos más tarde, una representación de su figura se vería involucrada en un oscuro periplo que rozaría el borde de la ilegalidad internacional.
La intrincada trama se inicia cuando una talla policromada de Santa Margarita abandona el Convento de los Ángeles en Granada, confiada por las monjas clarisas a Santos Boy J. B. para su restauración en abril de 2018. La confianza depositada en Boy se tornaría en decepción cuando intenta devolver una mera imitación de la pieza original, desencadenando una serie de eventos que destaparían la intención de lucrarse a costa del patrimonio histórico y religioso. La sentencia emitida por la Audiencia de Granada el pasado 9 de octubre, condenando a Boy a cuatro años de prisión, subraya la gravedad del delito de apropiación indebida.
El recorrido de la escultura, desde su salida del convento hasta su retorno a Granada tras pasar por Nueva York y Maastricht, revela no solo la vulnerabilidad de las órdenes religiosas frente a este tipo de fraudes sino también la complejidad de las redes que operan en el mercado del arte, dispuestas a traficar con bienes de inestimable valor espiritual y cultural.
Curiosamente, la figura de Santa Margarita volvería a Granada casi por intervención divina, evitando su venta ilícita gracias a la labor de las autoridades y peritos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, quienes desempeñaron un rol clave en la identificación y protección de la obra. La historia pone en relieve cómo este tipo de piezas, más allá de su valor monetario, forman parte del patrimonio colectivo, siendo su pérdida una herida en la memoria cultural de la comunidad.
La absolución del galerista Nicolás Cortés, que estuvo a punto de comercializar la pieza, demuestra la complejidad de rastrear la proveniencia de obras de arte y la necesidad de mayor vigilancia y transparencia en el comercio artístico. La pieza, finalmente valorada entre 300.000 y 400.000 euros, es testimonio de la rica herencia barroca andaluza y, probablemente, encontrará su hogar en el museo de Bellas Artes de Granada, un destino apropiado que permite su apreciación pública y asegura su conservación para futuras generaciones.
Esta travesía de redención y robo pone de manifiesto el constante desafío de proteger el patrimonio frente a las amenazas de una era globalizada, donde la fe, el arte y el delito a menudo encuentran puntos de intersección inesperados.
