En un movimiento estratégico destinado a avanzar en el campo de la ley de extranjería y la gestión de la inmigración, el Gobierno se prepara para establecer un pacto integral con el partido político Junts. La reforma de la ley de extranjería, que busca facilitar el reparto obligatorio de menores inmigrantes y mitigar la presión en Canarias, Ceuta y Melilla, es parte central de esta negociación. La iniciativa surge tras infructuosos intentos de colaboración con el Partido Popular y evidencia la determinación del Ejecutivo por superar el estancamiento actual.
Este acuerdo también contempla la transferencia plena de las competencias migratorias a Cataluña y es crucial para la aprobación de los futuros presupuestos del Estado. La propuesta incluye permitir que los Mossos d’Esquadra tengan presencia en los puertos y aeropuertos de Cataluña, una condición previamente propuesta por Junts y ahora en consideración por el Gobierno.
La necesidad de este pacto se hace aún más patente ante las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien anticipó la posibilidad de recurrir a alternativas en caso de no alcanzar un acuerdo durante la Conferencia de Presidentes en Santander. Aunque el Gobierno había avanzado en las negociaciones, la reciente exigencia de una cuestión de confianza presentada por Carles Puigdemont y las declaraciones de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, han complicado las conversaciones.
Parte de la controversia rodea el control de los puertos y aeropuertos, fundamental para la entrada y salida de ciudadanos de terceros países del espacio Schengen. Aunque la Policía Nacional conserva la competencia exclusiva en el control documental, el plan propuesto sugiere un papel más relevante de cuerpos autonómicos como los Mossos y la Ertzaintza en la seguridad de estas zonas, lo que implica una modificación significativa en la distribución de funciones.
Esta reestructuración llama la atención sobre la gestión de la inmigración y la distribución de menores inmigrantes a nivel nacional, un tema particularmente delicado dada la situación humanitaria en Canarias. A pesar de la resistencia inicial de Junts a apoyar la reforma de la ley de Extranjería, las negociaciones recientes indican un posible cambio de dirección, lo que podría acelerar la implementación de medidas necesarias para aliviar la situación.
Sin embargo, el desenlace de estas negociaciones es aún incierto. Aunque el presidente Clavijo aboga por una solución legislativa rápida mediante un real decreto ley, el Gobierno prefiere la ruta de modificar la ley de Extranjería mediante una proposición de ley, un proceso potencialmente más largo y sujeto a debates parlamentarios.
Mientras tanto, el Gobierno se enfrenta a la tarea de equilibrar las demandas de Junts con las necesidades nacionales y regionales, en un esfuerzo por asegurar el apoyo suficiente para sus iniciativas legislativas y presupuestarias. Este escenario resalta la compleja dinámica política en España, donde las negociaciones entre partidos pueden determinar el curso de políticas clave y la respuesta a desafíos sociales urgentes.
