En los últimos años, Andalucía ha experimentado un notable cambio en el paisaje de su educación superior con un aumento sustancial en la oferta de centros universitarios privados. A la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, solo contaba con una universidad privada, la Universidad Loyola Andalucía. Esta incrementó a cinco con planes para un sexto, destacando la Universidad Pontificia de Comillas como una nueva adición a este creciente conglomerado.
Este crecimiento ha despertado inquietudes entre los rectores de las universidades públicas, que ven una tendencia hacia la «preocupante privatización» del sistema universitario en la comunidad autónoma más poblada de España. Se argumenta que esta expansión podría amenazar la tradición y el carácter público de la educación superior en Andalucía, dando lugar a un conflicto robusto entre los principales responsables universitarios y el ejecutivo autonómico del Partido Popular.
La estrategia del gobierno de Moreno, que se ha afianzado en una mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, busca no solamente retener a aquellos estudiantes que buscan opciones fuera de la comunidad, sino también equilibrar el sistema, alegando que estas nuevas instituciones privadas cuentan con todas las garantías legales y académicas necesarias. No obstante, esta postura choca con la visión de los rectores de las universidades públicas y de la oposición de izquierda, quienes argumentan que no hay justificaciones sólidas para una ampliación tan significativa de la oferta de educación privada.
El Consejo Andaluz de Universidades se ha convertido en epicentro de este desacuerdo, con varios rectores votando en contra de la concesión de autorizaciones a nuevos establecimientos privados. Esta situación se ha agravado con la reciente autorización de la alianza entre la Universidad Pontificia de Comillas y un centro de enfermería en Sevilla, previamente adscrito a la Universidad de Sevilla, lo que se percibe como una privatización rápida y sin suficiente control parlamentario.
En medio de esta controversia, la Junta de Andalucía se mantiene firme en su posición, enfatizando que sus iniciativas están fundamentadas y certificadas por la Agencia de la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, asegurando la calidad de los nuevos programas de grado, posgrado y doctorado. Este conflicto destacado refleja una división más profunda sobre la dirección futura de la educación superior en Andalucía, con argumentos significativos tanto en favor como en contra de la expansión de las universidades privadas en un contexto tradicionalmente dominado por las instituciones públicas.
