El bono térmico social: Diseñando políticas públicas en la era de las redes sociales.

El sistema de redistribución de la riqueza en España después de impuestos es uno de los peores de los países que conforman la OCDE. Uno de los factores que contribuye a esta situación es la falta de consideración de la renta en la asignación de ayudas.

La OCDE es una organización internacional que agrupa a 34 países que se comprometen en promover políticas que fomenten el desarrollo económico y el bienestar social. En el caso de España, uno de los retos a mejorar es la redistribución de la riqueza, un sistema que busca reducir la desigualdad y garantizar un acceso igualitario a los recursos.

Según un informe de la OCDE de 2019, España se encuentra entre los países con menor redistribución de la renta disponible después de impuestos. Los impuestos y las transferencias reducen la desigualdad en España en un 25%, por debajo de la media de la OCDE, que se encuentra en un 32%. Esto significa que, aunque el sistema fiscal y de ayuda social ayuda a reducir la desigualdad, hay mucho margen de mejora.

Entre las razones que explican esta situación se encuentra la asignación de ayudas no condicionados por los ingresos. Por ejemplo, algunas ayudas y subsidios no tienen en cuenta la renta del beneficiario, lo que puede desincentivar a las familias con ingresos bajos de buscar empleo o mejorar su formación. Además, este tipo de ayudas no son efectivas a la hora de reducir la pobreza y la exclusión social.

Otro factor que influye es la estructura del mercado laboral. España cuenta con una tasa de empleo menor que la media de la OCDE, y la mayoría de los empleos son temporales y con salarios más bajos. Esto se traduce en una menor capacidad de los trabajadores para acumular riqueza y una mayor dificultad para acceder a servicios públicos y recursos.

En conclusión, España necesita avanzar en la mejora de su sistema de redistribución de la riqueza y hacerlo más efectivo y equitativo. Para ello, debe considerar la situación de los ingresos de los beneficiarios a la hora de asignar ayudas y subsidios y adoptar políticas que fomenten un mercado laboral más estable y con salarios más altos. De esta forma, se puede garantizar una mejor calidad de vida y mayores oportunidades para todos los ciudadanos.

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