El exdirigente del Partido Popular (PP) de Galicia, Pablo Crespo, ha ingresado en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid, para cumplir en tercer grado penitenciario lo que le resta de condena. Crespo, que es considerado el número dos de la trama Gürtel, se encontrará en el recinto penitenciario con otro de los principales condenados de la misma red, el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien ya lleva varios meses disfrutando del régimen de semilibertad.
La trama Gürtel fue descubierta en 2009 y consistía en una organización liderada por el empresario Francisco Correa que se dedicaba a la manipulación de concursos públicos y a la obtención de contratos millonarios por medio del soborno de políticos y funcionarios. En 2018, el Tribunal Supremo ratificó la condena de Pablo Crespo de 37 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El tercer grado, también conocido como régimen abierto o semilibertad, es un sistema que permite a los reclusos salir del centro penitenciario durante unos días a la semana para realizar algún tipo de actividad laboral o personal que le permita ir integrándose en la sociedad. Es un régimen que se concede cuando el preso ha cumplido la mitad de su condena y ha demostrado un comportamiento correcto en el centro de reclusión.
Esta decisión está siendo muy criticada por varias organizaciones que consideran que los condenados por corrupción no deberían disfrutar de este régimen, puesto que podrían usarlo para seguir cometiendo delitos o para prolongar el mal uso de los recursos públicos que les llevaron a la cárcel. Además, algunos expertos creen que este sistema de penas a las que pueden acceder los reclusos de alta cuna no es igual para todos, y que debería existir una reforma que hiciera que la justicia fuera igual para todos.
En el caso concreto de Pablo Crespo y Luis Bárcenas, la decisión de concederles el tercer grado ha sido muy cuestionada. Se trata de dos de los principales implicados en el caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción en España de las últimas décadas. Esta concesión de semilibertad ha sido vista por muchas personas como una muestra más de que los poderosos siempre están por encima de la ley y de que los sistemas de justicia en España todavía no son lo efectivos que deberían ser para combatir la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
En cualquier caso, es importante recordar que los dos condenados todavía tienen que cumplir con ciertas obligaciones para mantener su estado de semilibertad. Si no cumplen con los requisitos establecidos por la ley, se les podría retirar el tercer grado y volverían al régimen de encarcelamiento completo. Mientras tanto, muchos españoles seguirán cuestionando la concesión de beneficios penitenciarios a aquellos que han sido condenados por corrupción.
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