En una impactante operación conjunta, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han logrado desarticular una sofisticada red de estafadores que llevaban a cabo una fraudulenta estrategia con la que se apropiaron de casi un millón de euros, afectando a más de 700 personas inocentes. La operación culminó con 39 individuos bajo custodia, acusados de formar parte de una estructura criminal especializada en el robo y falsificación de documentos de identidad para la obtención ilegal de créditos por internet.
La trama, exacerbada en la región de Tarragona, dejó un rastro de víctimas desinformadas y sorprendidas al descubrirse involucradas en delitos de fraude sin su consentimiento. Las autoridades no descartan que el número de damnificados pueda aumentar a medida que prosigan las investigaciones.
El mecanismo empleado por esta organización involucraba inicialmente la sustracción o captura fotográfica del DNI de individuos ajenos a sus acciones delictivas. Estos datos eran luego utilizados para simular la solicitud de créditos en línea, que, una vez aprobados, permitían a la banda adquirir teléfonos de gama alta y otros artículos de lujo de manera ilegítima.
Los inicios de esta investigación se remontan a 2023 cuando un incremento advertido en los robos e hurtos de DNI durante la temporada estival en la Costa Daurada puso en alerta a las fuerzas de seguridad. Este análisis llevó a la creación de un equipo de trabajo conjunto entre Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, desembocando en la identificación de la mencionada red criminal.
Además de la usurpación de identidades, el entramado criminal se adentró en prácticas de falsificación de nóminas y documentos bancarios para consolidar sus estafas. La colaboración ocasional de empleados de empresas de telefonía ayudó a agilizar la aprobación de compras y financiamientos, sumando un nivel adicional de complejidad a la operación delictiva.
A finales de 2023, las primeras detenciones sacudieron a la organización, pero no detuvieron por completo su actividad. La red criminal se vio forzada a reorganizarse y trasladar parte de su operación a las comunidades de Valencia y Zaragoza ante las crecientes dificultades para obtener financiación en Cataluña.
Finalmente, la investigación culminó con la detención de las restantes figuras clave de la red y la realización de varios registros domiciliarios que resolvieron un total de 121 ilícitos penales. Estos esfuerzos conjuntos no solo han dado un duro golpe a esta organización criminal sino que también han ayudado a esclarecer cientos de casos de fraude, devolviendo la tranquilidad a las víctimas involuntarias de esta vasta estafa.
