"Desmantelada una red que estafó a más de 50 personas con permisos de residencia falsos"

La Policía Nacional desmantela una red que estafaba a migrantes marroquíes con falsos cursos para obtener residencia en España

La Policía Nacional de Ceuta ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a más de 50 personas de nacionalidad marroquí, a quienes prometían regularizar su situación en España mediante autorizaciones de residencia por arraigo. La trama, desmantelada en el marco de la operación Tetuán, emitía certificados falsos de formación profesional a cambio de 1.400 euros por víctima, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF), se inició a principios de 2024 tras detectarse irregularidades en los trámites presentados en la Oficina Única de Extranjeros de Ceuta. Los agentes observaron un aumento inusual de solicitudes de marroquíes en situación irregular que alegaban haber completado cursos en una academia local, pese a que muchos no sabían leer, escribir ni hablar español con fluidez.

Una fachada educativa para el fraude

La trama operaba a través de una academia y una empresa de limpieza —ambas con el mismo domicilio social—, que reclutaban a migrantes ofreciéndoles diplomas falsos. Según las pesquisas, algunos alumnos asistían ocasionalmente a clases "para guardar las apariencias", aunque el objetivo real era obtener los documentos necesarios para solicitar el permiso de residencia.

Los cuatro detenidos, imputados por falsedad documental, pertenencia a organización criminal y delitos contra los derechos de los extranjeros, habrían facilitado certificaciones sin validez legal a cambio de dinero. La Policía subraya que, sin estos documentos, los afectados "no hubieran podido regularizar su situación".

El caso evidencia la explotación de migrantes en situación de vulnerabilidad y refleja los desafíos en el control de los procesos de arraigo, un mecanismo legal que requiere acreditar vínculos con España, como la formación o la inserción laboral. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen más implicados.

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