En un operativo reciente, la Guardia Civil ha puesto en marcha la inmovilización de 9.000 kilogramos de aceitunas alojadas en un establecimiento de compraventa en Salvatierra de Santiago, Cáceres, derivado de presentar condiciones higiénico-sanitarias que no cumplen con los estándares requeridos para el correcto almacenamiento de alimentos. Durante la inspección realizada el día 17, las autoridades, acompañadas por personal de los Servicios Farmacéuticos del Servicio Extremeño de Salud (SES), pudieron verificar el deficiente almacenamiento de las aceitunas, algunas de las cuales se encontraban directamente sobre el suelo de hormigón y otras en contacto con la tierra.
El informe de la Guardia Civil detalla además que el almacenamiento inapropiado de las aceitunas conllevaba a la filtración de líquidos hacia la vía pública, desembocando en un pequeño regato, situación que no solo representa una violación a las normativas de sanidad alimentaria sino que también plantea un riesgo ambiental significativo debido a la posible contaminación que este derrame podría generar.
Como resultado de estas condiciones inapropiadas, se han iniciado varios expedientes administrativos contra el responsable del punto de compraventa por presuntas infracciones en materia de sanidad alimentaria y protección al medioambiente. Además, se ha determinado que las 9.000 kilogramos de aceitunas confiscadas no son aptas para el consumo humano, por lo que deberán ser destruidas o reutilizadas para fines no alimenticios.
Este incidente no es el primero de su naturaleza para el responsable del establecimiento. A principios de año, un equipo de la misma unidad de la Guardia Civil había incautado 15.000 kilos de aceitunas bajo condiciones similares en la misma instalación. Aquella acción llevó a una investigación penal contra el hombre por presuntos delitos de desobediencia, falsedad documental y contra la salud pública, después de que intentara trasladar ilegalmente el fruto inmovilizado a una almazara para su procesamiento.
Este suceso resalta la continua vigilancia y las medidas tomadas por las autoridades para garantizar que los alimentos disponibles en el mercado cumplen con todos los requisitos sanitarios necesarios para salvaguardar la salud pública y el bienestar ambiental.
