El juicio de Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana, ha finalizado con una condena de más de diez años de cárcel por parte de la Audiencia Provincial de Valencia. Zaplana ha sido hallado culpable de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales en el marco del caso Erial. Pese a los delitos que le han llevado a esta situación, Zaplana manifestó que considera haber tenido el honor de dedicarse a la política, a pesar de su desenlace judicial.
La carrera política de Zaplana comenzó en los años 90, desempeñándose como concejal y luego alcalde de Benidorm entre 1991 y 1995. Posteriormente, escaló posiciones hasta ser diputado en las Cortes Valencianas y en 1995 fue elegido presidente de la Generalitat Valenciana, cargo que ocupó durante siete años. Durante su mandato, participó en varios proyectos de modernización en la Comunidad Valenciana y se estableció como una figura clave del Partido Popular en la región.
Su salto a la política nacional se produjo en 2002, cuando José María Aznar lo nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, asumió el papel de portavoz del Gobierno, una posición que lo situó al frente de las comunicaciones oficiales después de los atentados del 11 de marzo de 2004. Tras las elecciones de 2004, en las que el PP pasó a la oposición, Zaplana fue portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados hasta que se retiró de la política en 2008 para adentrarse en el sector empresarial. Fue designado delegado para Europa del Grupo Telefónica y fundó Decuria Consulting, una empresa de asesoramiento.
La sentencia resalta que Zaplana y otros implicados desviaron millones de euros en comisiones ilegales por medio de sociedades offshore ligadas a adjudicaciones de estaciones de ITV y el Plan Eólico Valenciano. Estos fondos fueron posteriormente blanqueados a través de operaciones inmobiliarias y financieras.
El caso de Zaplana refleja una vez más los vínculos entre política y corrupción en España, y muestra cómo incluso las carreras más prometedoras pueden terminar en desgracia cuando se sacrifica la integridad por el beneficio personal. La conclusión de este juicio marca no solo el final de un largo proceso legal, sino también el cierre de un capítulo en la política española, donde Zaplana fue en su momento una figura relevante.
