El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha (COSITAL) ha jugado un papel determinante en la gestación de un nuevo decreto destinado a regular las Entidades Colaboradoras de la Administración. Este avance normativo busca proporcionar un apoyo técnico más robusto a las entidades locales, con un especial enfoque en aquellas de menor tamaño, sin detrimento de las competencias o la autoridad inherente de la Administración pública.
El decreto, que vio la luz el pasado viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), instaura un marco jurídico para estas entidades. Se alinea con la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, lo que permitirá que las entidades colaboradoras asuman roles en áreas variadas como urbanismo, gestión forestal, evaluación ambiental, economía circular, patrimonio cultural, servicios sociales y turismo.
Rafael Santiago, presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, ha subrayado que esta normativa tiene como meta primordial potenciar la capacidad técnica de las administraciones públicas, especialmente en las zonas rurales, mediante una colaboración efectiva con entidades expertas. Este régimen de colaboración público-privada está diseñado para que dichas entidades ofrezcan soporte técnico, optimizando así los procesos y elevando la calidad técnica de los expedientes.
El decreto especifica que las tareas de las entidades colaboradoras se restringen a la elaboración de informes, certificaciones y asistencia técnica, garantizando que no se deleguen allí las competencias de la Administración, la cual conservará el control y supervisión de los mismos. Santiago lo explica con claridad: «Esto no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración. Son entidades llamadas a colaborar con nosotros, no a sustituirnos».
El nuevo marco legislativo inicialmente enfoca el ámbito del urbanismo como pionero en su aplicación, proyectándose posteriormente hacia otros sectores como la gestión forestal, la calidad ambiental, la economía circular y la promoción empresarial. Desde COSITAL Castilla-La Mancha se considera que esta normativa simboliza una oportunidad significativa para robustecer la capacidad de gestión de los ayuntamientos, facilitando el acceso a recursos técnicos especializados, vital para aquellos municipios que, con menudo, cuentan con estructuras administrativas más limitadas.
Rafael Santiago resalta la importancia de esta medida: «Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica». Este enfoque promete enriquecer los servicios municipales, garantizando al mismo tiempo la vigilancia necesaria sobre los procesos administrativos.
