En un ambiente marcado por la alta tensión, el Partido Popular (PP) se encuentra en una carrera contrarreloj para buscar soluciones a un grave error político. La dirección de Génova está movilizándose para mitigar las consecuencias de haber votado afirmativamente en el Congreso a una reforma legal que podría resultar en la reducción de las penas de prisión para 41 miembros de ETA. Este hecho ha generado una ola de perplejidad y desilusión dentro del partido, evidenciando una sorpresa total entre sus filas. La situación se agrava al considerar la confianza depositada en el liderazgo de Miguel Tellado dentro del Grupo Popular de la Cámara Baja y, por extensión, en el liderazgo nacional del partido.
El núcleo de la controversia radica en la aprobación, aparentemente inadvertida por los populares, de una modificación a la ley orgánica 7/2014 durante su tratamiento en la Comisión de Justicia del Congreso. Esta modificación, interpretada inicialmente como una simple transposición de una directiva europea sobre el intercambio de información penal, esconde implicaciones mucho más profundas, entre ellas, la potencial reducción de condenas para conocidos militantes de ETA, como es el caso de Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote.
La reforma fue aprobada por unanimidad el pasado 18 de septiembre, sin que el PP, Vox, o UPN manifestaran objeciones o propuestas de enmienda significativas. La falta de detección de estos «retoques legales» ha sido recibida con ira y vergüenza dentro de las filas conservadoras, quienes ven cómo este error podría beneficiar directamente a Bildu y su histórica reivindicación de rebajar las penas a los presos de ETA.
Consciente de la gravedad del error, la dirección nacional del PP ha descartado la búsqueda de culpables para concentrarse en hallar soluciones. En este escenario, se destaca la maniobra de última hora de Génova, que aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para retirar la votación de esta ley del orden del día, demostrando el nerviosismo y la urgencia de la situación.
A pesar de los esfuerzos, el margen de maniobra es extremadamente limitado, dado el procedimiento de urgencia bajo el cual se encuentra la ley. El plazo para que el Senado se pronuncie expira el próximo 14 de octubre, tras lo cual la norma podría promulgarse sin más dilaciones. Ante esta presión temporal, el PP no descarta acudir al Tribunal Constitucional buscando revertir o, al menos, detener la aplicación de esta polémica reforma.
En medio de este complejo panorama, las reacciones dentro del partido y entre los ciudadanos no se han hecho esperar. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado tanto la cesión del Gobierno a las demandas de Bildu como el fallo cometido por el PP, evidenciando una crisis de confianza y liderazgo dentro del espectro político conservador español. Esta situación, sin duda, marcará un antes y un después en la gestión del PP y plantea serios desafíos para el liderazgo de Feijóo ante un error de tal magnitud.
