Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) se han unido a Castilla-La Mancha en una demanda hacia el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que se presente una propuesta formal sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Esta solicitud fue especialmente enfatizada por el gobierno de Emiliano-García Page de Castilla-La Mancha durante la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación este miércoles, solicitando al departamento liderado por María Jesús Montero que envíe a las comunidades autónomas el esquema renovado del sistema de asignación de fondos entre las regiones del régimen común.
La reunión técnica de este viernes marcó un punto de reencuentro en el debate sobre la financiación autonómica, un tema que ha permanecido estancado durante años, a pesar del compromiso de Montero de abordar esta reforma al asumir el cargo. La ministra, desde su posición previa como consejera en Andalucía, había urgido esta reestructuración, aunque la falta de acuerdo entre los partidos principales ha impedido su realización durante los seis años que lleva gestionando las finanzas públicas. Montero ha argumentado constantemente que cualquier remodelación debe surgir de un concierto entre PSOE y PP, mientras que desde el PP se insiste en que es responsabilidad de la ministra iniciar las negociaciones.
El proceso ha estado paralizado desde hace cuatro años, siguiendo la presentación de conclusiones por un grupo de expertos convocados por Montero para revisar el criterio de población ajustada. Recientemente, el Ministerio de Hacienda reactivó el diálogo al enviar un resumen de dichas conclusiones y las propuestas regionales sobre la materia, preparando el terreno para retomar un proceso que ha mostrado poco avance desde 2014. Este estancamiento ha derivado en desequilibrios significativos y problemas de financiación en comunidades como la Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.
El Ministerio de Hacienda, ante la reunión del Comité, ha pedido a las comunidades que aporten, en el plazo de un mes, datos sobre su recaudación real, información que será clave para diseñar el nuevo modelo de financiación. Castilla-La Mancha, en respuesta, ha urgido a Hacienda a presentar una «propuesta cerrada y definitiva» para el nuevo modelo dentro del mismo plazo.
Este juego de demandas y alineaciones muestra la complejidad y la sensibilidad política que rodea la cuestión de la financiación autonómica en España. El debate no solo aborda aspectos técnicos sobre la distribución de fondos, sino que también refleja las tensiones entre diferentes visiones políticas y territoriales sobre cómo debe ser el apoyo financiero del Estado a las regiones. Con varias comunidades poniendo presión sobre el Ministerio de Hacienda, la expectativa es alta sobre los próximos pasos y cómo se podría alcanzar un consenso que resuelva las disparidades actuales y fortalezca el sistema de financiación de manera justa y equitativa para todas las comunidades autónomas.
