En la localidad de Sopuerta, con un censo de 2.731 habitantes y a menos de una hora de Bilbao, el ambiente se encuentra tenso debido a la reciente apertura de un centro para menores inmigrantes, gestionado por la administración local de Bildu, cuya popularidad ha decaído en las recientes elecciones. Los residentes expresan una profunda preocupación, rayando el miedo, tras sucesos que consideran inquietantes y que involucran a internos del recinto.
El centro, que se estrenó justo antes del inicio de la campaña para las elecciones autonómicas del 21-A, ha sido objeto de controversia casi desde su concepción en febrero. Las protestas vecinales no se hicieron esperar, alimentadas por la propuesta de Vox de atender las demandas ciudadanas en contra de su apertura. Desde entonces, los habitantes de Sopuerta han organizado manifestaciones y han llevado sus preocupaciones hasta las Juntas Generales de Vizcaya, sin lograr un cambio en la decisión de las autoridades.
Recientemente, dos incidentes vinculados al centro intensificaron las alarmas entre los vecinos. Se reportó el robo de un teléfono móvil a una joven del municipio por parte de uno de los menores, y días después, un altercado dentro del mismo centro necesitó de la intervención de la Ertzaintza, la policía autonómica, que culminó con la detención de un joven. Tales eventos han reforzado la percepción de que el palacete de Quintana, elegido para albergar el centro, no es la ubicación adecuada para este proyecto.
La polémica ha escalado a tal grado que una inversión privada de un millón de euros surgió como oferta para adquirir el inmueble y evitar que el centro de menores se estableciera allí, aunque esta propuesta no prosperó. Ante la inminente apertura y llegada de los primeros menores, la comunidad decidió cesar las protestas públicas en favor de métodos más discretos para buscar el reubicamiento del recurso, siempre en el marco de la legalidad y evitando cualquier tipo de represalias.
Los críticos del proyecto sostienen que la ubicación es inapropiada dado que Sopuerta no cuenta con los recursos suficientes para gestionar adecuadamente un centro de esta naturaleza. Comparan la situación con enviar una proporción equivalentemente alta de menores a ciudades mayores, como Bilbao o Madrid, lo cual consideran inviable. Acusan a las autoridades de ignorar las particularidades del municipio y de etiquetar injustamente al pueblo de racista o xenófobo, cuando su oposición se basa en problemas logísticos y de seguridad.
Tanto la Diputación de Vizcaya como el Ayuntamiento han optado por no hacer declaraciones sobre el asunto que, según los vecinos, sigue siendo el tema predominante de conversación en el pueblo. A medida que la situación evoluciona, la comunidad se mantiene atenta al comportamiento de los menores y a las decisiones de las autoridades, esperando una solución que concilie la necesidad de acogida de los menores con la armonía y seguridad del municipio.
