La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado el archivo definitivo del caso contra Javier López Madrid, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo, quienes estaban acusados de acosar a la doctora María Elisa Pinto por encargo del primero, debido a disputas personales. Este cierre se debe a un fallo que concluye la falta de legitimidad de la abogada de Pinto para presentar una acusación por cohecho en este contexto, dejando sin apertura el juicio oral previamente planteado.
Se argumenta que la acusación particular carecía de la legitimación necesaria, una posición sustentada por la defensa de López Madrid que logró convencer a la corte de la necesidad de desestimar el caso. Esta determinación se da tras la suspensión del juicio a los tres implicados en noviembre pasado, motivada por la enfermedad de la letrada de Pinto.
Esta resolución se basa también en la inexistencia de una acusación popular defendible en el proceso, a pesar de las acusaciones particulares presentes. Específicamente, se destaca que la práctica de acusación particular no es viable en delitos contra la Administración Pública, donde solo cabe la acusación popular, un camino que el partido Podemos abandonó en diciembre de 2022 en este mismo caso.
La decisión se apoya en varios precedentes del Tribunal Supremo y subraya que no genera indefensión a la acusada, resaltando que la fiscalía ya había solicitado el sobreseimiento del caso en junio de 2022 debido a la falta de indicios consistentes y porque los hechos ya eran objeto de otra investigación judicial. Esta unificación y la posibilidad abierta para Pinto de defender sus postulados en otro juzgado, lejos de constituir una indefensión, ofrecen un camino más claro hacia la resolución de sus alegatos.
Así, la Audiencia Nacional subraya la ausencia de una hipótesis condenatoria sólida en esta causa, particularmente por la dificultad de probar elementos esenciales del cohecho, como el pago de la supuesta dádiva. Este archivo no solo simplifica la situación judicial para los acusados sino que también enfatiza la complejidad de la persecución y demostración de estos delitos en el marco del sistema legal español.
