El pequeño comercio en España se enfrenta a una dura realidad. Según los últimos datos, en el último año se han perdido más de 20.000 autónomos del sector, lo que supone una caída del 1,7%. Esta situación se produce a pesar de la recuperación económica prometida por el Gobierno, que asegura que la economía y el empleo “van bien”.
El problema se centra en la presión de los costes que deben afrontar los pequeños negocios, como los impuestos, cotizaciones, energía, alquileres y hipotecas. Según un estudio realizado por la Confederación Española de Comercio (CEC), la factura media de los negocios ha aumentado más de un 22% en los últimos años, lo que ha provocado un fuerte descenso en la rentabilidad de los comercios.
La subida del salario mínimo interprofesional y la obligatoriedad de registrar las horas de trabajo también han tenido un impacto negativo en los negocios, que han tenido que asumir un mayor coste laboral. Además, la competencia de las grandes superficies y el auge del comercio electrónico han debilitado aún más la posición de los pequeños comercios.
La situación es especialmente crítica en las zonas rurales, donde la despoblación y la falta de inversiones están afectando seriamente al sector. En estos lugares, el cierre de un pequeño negocio puede suponer un duro golpe para la economía local y la calidad de vida de los habitantes.
Ante esta situación, los representantes del sector reclaman medidas concretas para apoyar al pequeño comercio y fomentar su competitividad. Entre las propuestas se encuentran la reducción de la carga fiscal y administrativa, la promoción de los productos locales y la incentivación del consumo en los comercios de proximidad.
En definitiva, el desplome del pequeño comercio es un problema que afecta no solo a los propietarios de los negocios, sino también a los consumidores y a la economía en general. Es necesario tomar medidas urgentes para frenar esta tendencia y proteger un sector que es clave para el empleo y la vitalidad de nuestras ciudades y pueblos.
