El futuro del acceso a la sanidad privada para los funcionarios españoles está en el aire, mientras el gobierno de coalición PSOE-Sumar debate sobre el destino de un sistema que ha estado vigente durante décadas. Los funcionarios del Estado han tenido históricamente la opción de elegir entre la sanidad pública o privada, una alternativa que, según las cifras, el 80% de ellos prefieren.
Desde hace años, los funcionarios tienen la capacidad de optar por recibir tratamiento sanitario a través del sistema privado, financiado por el Estado mediante acuerdos con aseguradoras privadas. Esto ha permitido a los empleados públicos, así como a sus familiares, acceder a servicios médicos más ágiles. Sin embargo, la situación podría cambiar en un futuro cercano debido a la presión económica y a los recientes movimientos políticos.
La renegociación con las aseguradoras
Cada dos años, el gobierno renegocia con las aseguradoras que proporcionan cobertura a los funcionarios que eligen la sanidad privada. Actualmente, solo tres aseguradoras—Adeslas, Asisa y DKV—ofrecen estos servicios, una cifra que ha ido disminuyendo con el tiempo, lo que refleja el creciente desinterés del sector por este modelo de negocio.
El incremento de la inflación y el envejecimiento de la población cubierta han llevado a las aseguradoras a pedir un aumento en las primas que reciben por cada funcionario cubierto. Las compañías han solicitado al gobierno un incremento del 40%, lo que supondría pasar de los 984 euros actuales a aproximadamente 1.370 euros por funcionario. A cambio, aseguran que esta cifra es necesaria para poder continuar ofreciendo sus servicios sin incurrir en pérdidas.
El gobierno, sin embargo, ha ofrecido un aumento considerablemente inferior, del 17%, situando la cifra en 1.115 euros por funcionario, lo que deja en el aire la participación de las aseguradoras en el próximo concurso público para cubrir a estos trabajadores. Si las aseguradoras no se presentan al concurso, los funcionarios perderían el acceso a la sanidad privada a partir del 1 de enero de 2025.
El impacto en la sanidad pública
De quedar desierto el concurso, el sistema sanitario público español se enfrentaría a la llegada de más de 2,1 millones de nuevos pacientes, entre funcionarios civiles, militares, cuerpos judiciales y sus familiares. Este aluvión de usuarios podría agravar aún más una sanidad pública ya sobrecargada, con listas de espera en aumento y una infraestructura que lucha por mantenerse a la altura de la demanda.
El problema se agrava aún más si consideramos que el coste por paciente en la sanidad pública es significativamente superior al coste que representaba para la sanidad privada. El Estado podría verse obligado a destinar más fondos para ampliar la capacidad del sistema público, pero estas transferencias de recursos no suelen ser inmediatas, lo que podría generar una transición dolorosa tanto para los usuarios como para los gestores del sistema.
¿Dogmatismo ideológico o estrategia económica?
Desde el partido Sumar, parte del gobierno de coalición, ya han expresado en numerosas ocasiones su intención de desmantelar el sistema de mutualidades que permite a los funcionarios elegir entre sanidad pública y privada. Para muchos, la preferencia de la mayoría de los funcionarios por la sanidad privada supone una incomodidad ideológica para una administración que ha hecho de la defensa de lo público una de sus banderas.
La cuestión de fondo radica en cómo el gobierno gestionará este conflicto. ¿Se trata de una estrategia para reducir costes a corto plazo o de un intento por aumentar el control estatal sobre la sanidad? Para algunos, el gobierno estaría utilizando esta situación para eliminar gradualmente la libertad de elección de los funcionarios, lo que, según esta interpretación, sería una medida ideológica para reforzar el sistema público.
¿Eliminar privilegios o ampliar derechos?
El debate no es solo económico, sino también ético. Por un lado, algunos argumentan que es injusto que los funcionarios disfruten de un privilegio que no está al alcance del resto de los ciudadanos. Sin embargo, la eliminación de este derecho puede realizarse de dos formas: restringiendo el acceso de los funcionarios a la sanidad privada o extendiendo esta libertad de elección a toda la población.
Una alternativa viable sería permitir que todos los ciudadanos puedan elegir si desean que el Estado financie su tratamiento sanitario en el sistema público o privado, como ya ocurre con los funcionarios. Esto podría, en teoría, mejorar la eficiencia del sistema y dar mayor libertad a los ciudadanos.
Conclusión
El futuro del acceso a la sanidad privada para los funcionarios está en juego. Las decisiones que tome el gobierno en los próximos meses no solo afectarán a millones de empleados públicos y sus familias, sino que también tendrán un impacto significativo en la ya tensa situación de la sanidad pública. La pregunta clave es si este cambio responde a una necesidad económica, a una visión ideológica o a una combinación de ambas. Lo que está claro es que el debate está lejos de resolverse.
Conoce más sobre este tema viendo este vídeo de Juan Ramón Rallo.