La lucha contra la piratería del fútbol ha generado en España una situación difícil de justificar: páginas completamente legales pueden dejar de estar accesibles para parte de sus usuarios durante los partidos de LaLiga. No venden IPTV, no ofrecen enlaces para ver encuentros gratis y ni siquiera tienen relación con el fútbol. Simplemente comparten infraestructura de internet con direcciones que han terminado incluidas en los bloqueos. Un estudio encargado por el Parlamento Europeo ha puesto ahora cifras y argumentos jurídicos a un problema que durante meses han denunciado propietarios de webs, empresas y profesionales de internet.
Las claves del sobrebloqueo en 20 segundos
- Un estudio encargado por el Parlamento Europeo analiza los efectos de los bloqueos contra la piratería deportiva.
- OONI identificó 554.507 dominios afectados en algún momento durante partidos de LaLiga.
- Muchas páginas legítimas comparten infraestructura con los objetivos perseguidos.
- El informe habla de sobrebloqueo sistemático de contenidos no infractores.
- Europa quiere combatir más rápido la piratería, pero también reclama proporcionalidad y garantías para terceros.
Conviene empezar dejando clara una cuestión: proteger los derechos audiovisuales es legítimo. LaLiga paga y cobra cantidades importantes por un producto y tiene derecho a perseguir a quienes lo distribuyen ilegalmente.
El problema comienza cuando para proteger ese derecho se perjudican los derechos de personas y empresas que no han cometido ninguna infracción.
Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.
Durante determinados partidos, usuarios españoles descubren que algunas páginas dejan de funcionar. En ocasiones el problema solamente aparece desde determinados operadores, mientras que la misma web continúa perfectamente accesible utilizando otra conexión.
Para el ciudadano la situación resulta desconcertante. Reinicia el router, prueba otro navegador, piensa que la página se ha caído y, probablemente, desconoce que detrás puede encontrarse una medida contra la piratería deportiva.
Para el propietario de la web la situación es todavía más frustrante: su servicio funciona correctamente, pero una parte de España no puede acceder a él.
El dato que debería preocuparnos: 554.507 dominios
Hasta hace poco podía discutirse sobre la verdadera dimensión del problema. Ahora existen datos bastante más sólidos.
El Open Observatory of Network Interference (OONI), organización especializada en analizar la censura y las interferencias en internet, investigó los bloqueos registrados en España entre enero y junio de 2026.
Su estudio incluyó comprobaciones sobre aproximadamente 9,2 millones de dominios.
El resultado fue que 554.507 dominios estuvieron afectados en algún momento coincidiendo con retransmisiones de LaLiga. Representan alrededor del 5,8 % de los dominios examinados.
La cifra no significa que LaLiga elaborase una lista con medio millón de páginas para bloquearlas. El problema es precisamente otro.
Internet ya no funciona como hace veinte años.
Una página web no tiene necesariamente un servidor y una dirección IP exclusivos. Miles de webs pueden utilizar servicios proporcionados por empresas como Cloudflare, Amazon, Akamai o Microsoft.
Son infraestructuras compartidas.
Y eso provoca una consecuencia bastante fácil de comprender incluso sin conocimientos técnicos: bloquear una dirección IP puede ser parecido a cerrar un edificio entero porque se quiere impedir el acceso a una sola oficina.
El ejemplo no reproduce exactamente el funcionamiento técnico de internet, pero permite entender el problema de proporcionalidad.
OONI llegó a detectar periodos en los que el bloqueo de entre 4 y 20 direcciones IP podía afectar a más de 400.000 dominios únicos.
No todo vale para proteger un partido de fútbol
Aquí aparece una cuestión que supera el debate tecnológico.
¿Qué ocurre cuando entre los afectados aparecen medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas, universidades o instituciones públicas?
La investigación de OONI encontró dominios relacionados con Amnistía Internacional, Greenpeace, Cáritas Argentina y el Senado de Australia. También detectó servicios de mensajería y otros recursos completamente ajenos a la retransmisión ilegal de fútbol.
Ahora un estudio encargado por el Parlamento Europeo, Countering online piracy of sports and broadcast in the EU, ha recogido precisamente esta investigación.
El documento considera que los datos aportan evidencia empírica de los efectos colaterales producidos por las medidas de bloqueo por IP aplicadas en España.
Y utiliza una expresión especialmente relevante: «sobrebloqueo sistemático de contenidos no infractores».
Es difícil resumir mejor el problema.
La cuestión no es elegir entre defender a LaLiga o defender a los piratas. Plantearlo así evita afrontar la discusión verdaderamente importante.
Se puede perseguir la piratería y exigir al mismo tiempo que las herramientas empleadas sean suficientemente precisas para no perjudicar a quienes no tienen absolutamente nada que ver con ella.
Cuando una web legal desaparece para parte de España
Para una pequeña empresa o un medio digital, quedar bloqueado durante varias horas no es una anécdota.
Puede significar perder lectores, clientes, ventas o ingresos publicitarios. También puede perjudicar su reputación, porque el usuario normalmente no sabe que existe un bloqueo externo.
Simplemente piensa que la página funciona mal.
Además, el perjuicio se produce sin que el responsable de esa web haya hecho nada para provocarlo.
Existe también una evidente desigualdad entre las partes. Una gran organización dispone de equipos jurídicos y técnicos para defender sus intereses. Una pequeña empresa, una asociación o un medio local puede encontrarse intentando averiguar por qué algunos usuarios acceden normalmente mientras otros aseguran que su página está caída.
Después tendrá que descubrir qué operador está bloqueando el acceso, cuál es la dirección IP afectada y cómo conseguir que alguien corrija la situación.
Eso no parece un procedimiento razonable.
Si tecnológicamente somos capaces de bloquear una retransmisión ilegal en minutos, también deberíamos ser capaces de corregir un falso positivo con la misma rapidez.
Europa quiere bloquear más rápido, no dejar de bloquear
El estudio encargado por el Parlamento Europeo tiene además una particularidad que hace todavía más relevante su crítica al caso español.
No es un documento contrario a los bloqueos.
Al contrario, considera insuficiente la respuesta europea actual y propone avanzar hacia mecanismos más rápidos y coordinados para detener las retransmisiones deportivas ilegales mientras los encuentros todavía se están disputando.
Entre las referencias estudiadas aparece el Piracy Shield italiano y la posibilidad de establecer actuaciones en cuestión de minutos.
También se plantea que las obligaciones puedan alcanzar a diferentes intermediarios de internet, desde operadores hasta proveedores DNS, VPN, redes de distribución de contenidos (CDN) y compañías de alojamiento.
Europa podría terminar, por tanto, reforzando considerablemente estas herramientas.
Precisamente por eso las garantías deberían avanzar al mismo ritmo.
La Comisión Europea ya había reconocido que bloquear direcciones IP aumenta el riesgo de sobrebloqueo cuando estas se utilizan para alojar o distribuir múltiples servicios. Existen alternativas y salvaguardas, como listas de exclusión, sistemas de supervisión y procedimientos rápidos para corregir bloqueos incorrectos.
No parece una exigencia desproporcionada.
El fin no convierte cualquier medio en aceptable
Internet ha cambiado y las herramientas utilizadas para combatir sus abusos tienen que cambiar con ella.
Una dirección IP podía ser hace años un identificador bastante aproximado de un servidor concreto. En la internet actual, dominada por grandes plataformas cloud y redes globales de distribución de contenidos, esa misma dirección puede representar una infraestructura compartida por una enorme cantidad de servicios.
Ignorar esa realidad tecnológica acaba trasladando el problema a ciudadanos y empresas inocentes.
LaLiga debe poder defender sus derechos. También deberían poder hacerlo quienes ven cómo sus páginas desaparecen temporalmente de internet sin haber infringido derecho audiovisual alguno.
El estudio encargado por el Parlamento Europeo no es una sentencia ni supone que Bruselas haya declarado ilegales los bloqueos españoles. Tampoco constituye una nueva normativa europea.
Pero sí aporta algo que hasta ahora faltaba en buena parte de la discusión: el reconocimiento de que combatir la piratería no puede justificar un daño desproporcionado sobre contenidos legales.
La eficacia de un bloqueo no debería medirse únicamente por cuántas retransmisiones piratas consigue interrumpir.
También habría que contar cuántas páginas legítimas se lleva por delante.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se bloquean páginas que no tienen relación con el fútbol?
Porque algunas medidas actúan sobre direcciones IP utilizadas por infraestructuras compartidas. Una misma dirección puede prestar servicio a numerosos dominios independientes.
¿Cuántos dominios fueron afectados según OONI?
OONI identificó 554.507 dominios afectados en algún momento durante los partidos analizados, dentro de un conjunto de aproximadamente 9,2 millones.
¿El Parlamento Europeo quiere prohibir estos bloqueos?
No. El estudio propone reforzar las medidas contra la piratería deportiva, pero considera necesarias garantías para evitar el sobrebloqueo de contenidos legítimos.
¿El informe europeo obliga a cambiar el sistema español?
No. Es un estudio encargado por el Parlamento Europeo para analizar la situación y posibles cambios regulatorios. Sus conclusiones no constituyen por sí mismas una nueva ley.
Fuentes:
- Parlamento Europeo, Countering online piracy of sports and broadcast in the EU, PE 783.147, 2026.
- Open Observatory of Network Interference (OONI), Collateral Damage of IP-Based Blocking During LALIGA Football Streaming in Spain, 30/06/2026.
- Comisión Europea, evaluación de la Recomendación (UE) 2023/1018 sobre la lucha contra la piratería de eventos en directo.
