En un episodio que ha capturado la atención de movimientos antisistema y colectivos okupa, Enric Duran, quien alguna vez se ganó el apodo del Robin Hood de los Bancos, se encuentra actualmente encarcelado en Francia. Duran, cuya trayectoria ha sido tan controvertida como emblemática, fue detenido en junio y enfrenta acusaciones de blanqueo de dinero relacionadas con una red de estafas por Internet. El Ministerio del Interior francés ha ido aún más lejos, emitiendo el pasado 21 de noviembre, un escrito de expulsión que le prohibiría la entrada a Francia por un lapso de dos años, citando al activista como un peligro para el orden público. Esta expulsión tendrá lugar una vez Duran sea liberado de la cárcel de Osny-Pontoise, donde permanece bajo custodia desde su detención.
Duran, por su lado, ha refutado las acusaciones, alegando su inocencia y defendiendo su reputación como un trader de criptomonedas prestigioso, transparente y ético. Hace recordar su pasado activista en 2008, cuando solicitó 68 préstamos por un total de 498.000 euros usando documentación falsa, solo para después declarar que no tenía intención de devolverlos, argumentando que el dinero fue destinado a financiar campañas anticapitalistas. Este acto de desafío le valió una breve estancia en prisión y la posterior huida y exilio en Francia, donde continuó su activismo, especialmente en el campo de las criptomonedas y la economía cooperativa con proyectos como la Cooperativa Integral Catalana y Faircoin.
La actual acusación contra Duran gira en torno al blanqueo de criptomonedas Bitcoin, donde se le imputa facilitar el intercambio de euros por criptomonedas a clientes implicados, supuestamente sin el conocimiento de Duran, en fraudes comerciales. En defensa, Duran ha sostenido que fue uno entre muchos traders y que injustamente ha sido el único acusado, señalando además la absolución de los bancos involucrados en la facilitación de las transacciones fraudulentas. El debate se intensifica con sus recientes declaraciones públicas, criticando al sistema judicial y político francés, calificando su tratamiento como una herramienta propagandística del ministro del Interior Bruno Retailleau y su campaña de tolerancia cero hacia la inmigración.
Este caso destaca no solo por sus peculiaridades legales sino también por el debate más amplio que suscita sobre la legitimidad del sistema financiero, la justicia y el activismo anticapitalista. A medida que Duran espera su apelación, su figura polariza opiniones, siendo para algunos un símbolo de resistencia y para otros un delincuente. Mientras tanto, el caso continúa desarrollándose, manteniendo en vilo a sus seguidores y críticos por igual.
