La renta media nacional por el alquiler de una habitación en un piso compartido en España es de 405 euros mensuales, siendo Barcelona la ciudad con la renta media más alta, 631 euros al mes, seguida de Madrid (477 €/mes), Palma (473 €/mes) y Vitoria-Gasteiz (448 €/mes), según datos de pisos.com. Este fenómeno, en auge desde la implementación de la nueva Ley de Vivienda, preocupa a expertos del sector que advierten sobre la necesidad de establecer reglas más claras y adaptadas a la realidad del mercado de alquiler.
El portal inmobiliario pisos.com alerta sobre las crecientes dificultades que enfrentan muchos sectores de la población para encontrar vivienda como inquilinos. La nueva Ley de Vivienda ha propiciado un incremento en el alquiler de habitaciones en pisos compartidos, tendencia considerada «inédita y peligrosa» por el portal.
Ferran Font, director de Estudios y portavoz de pisos.com, relaciona este cambio de tendencia con la actual inestabilidad e inseguridad jurídica en el mercado del alquiler, impulsada por las restricciones de precios de la nueva normativa. Font señala que cada vez más propietarios optan por vender sus viviendas en lugar de alquilarlas, lo que reduce la oferta y aumenta los precios de alquiler. Además, indica que hay propietarios que buscan esquivar las restricciones de forma creativa.
Esta situación ha llevado a un aumento en el número de habitaciones en alquiler, con un incremento del 5,59% en el último trimestre, según pisos.com.
La nueva Ley de Vivienda, que contempla el control de alquileres, ha generado debates en el sector, dado que experiencias similares en otros países no han sido positivas. La ley solo contempla el alquiler de larga duración de viviendas habituales, dejando fuera el alquiler de habitaciones. Font recuerda que «la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no regula el alquiler de habitaciones», lo que significa que los propietarios pueden sortear el control de precios alquilando habitaciones en lugar de viviendas completas.
Este fenómeno plantea desafíos para la efectividad de la nueva normativa y resalta la necesidad de establecer reglas más claras y adaptadas a la realidad del mercado de alquiler. Font aconseja a los gobiernos proponer soluciones reales que equilibren los intereses de propietarios e inquilinos en un mercado en constante cambio e inaccesible para un sector de la población.
