La polémica en torno a las prácticas de contratación de la Administración Pública ha ido en aumento, especialmente con las recientes declaraciones de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores (AECP) de la Provincia de Las Palmas, que denuncian un uso excesivo de empresas públicas para ejecutar obras y servicios que, a su juicio, deberían someterse a concurso público. Este fenómeno no es exclusivo de una región, sino que refleja una tendencia nacional en la que el sector de la construcción se siente particularmente afectado.
Según cifras proporcionadas por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), entre los años 2021 y 2022, el recurso a sociedades públicas para llevar a cabo contrataciones directas ha experimentado un crecimiento alarmante del 77%. Este aumento ha causado una profunda preocupación entre los empresarios, quienes ven amenazada la libre competencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a licitaciones públicas.
Además, este año, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, elevó su voz en protesta ante la Comisión Europea por lo que considera asignaciones directas injustificadas del Gobierno a Ineco y Tragsa, resaltando la inquietud en diferentes esferas del sector de la construcción por las prácticas de contratación pública.
Hasta la fecha en 2024, se han asignado 1.554 licitaciones a empresas públicas, destacando a Tragsa, que ha recibido 653 encargos de administraciones locales, autonómicas y estatales, concentrando así cerca del 40% de las adjudicaciones. Le sigue Ineco, con 170 adjudicaciones, sumando entre las dos un reparto económico que asciende a 1,3 mil millones de euros. Esto ha provocado una gran controversia, evidenciada también por casos como el fallo del Tribunal Supremo de Justicia del Principado a favor de la Confederación Asturiana de la Construcción (Asprocon), que disputaba estas adjudicaciones directas.
María de la Salud Gil, presidenta de la AECP de Las Palmas, argumenta que este modelo de contratación se utiliza por comodidad y para evadir las complicaciones propias de los concursos públicos, a lo que se suman críticas por la subvaloración en las licitaciones que resultan en obras desiertas, las cuales finalmente se asignan a Tragsa, a menudo a precios de mercado justos, dejando en desventaja al sector privado.
Esta situación ha llevado a un debate más amplio sobre la eficiencia y la transparencia en la contratación pública, especialmente en un sector fundamental para el desarrollo económico y la infraestructura del país. La insistencia en el uso de empresas públicas pone en relieve la necesidad de una revisión de los procedimientos de licitación, buscando un equilibrio que permita la participación justa de todos los actores del sector y la optimización de los recursos públicos, garantizando así la competencia leal y el fomento de la innovación y calidad en el sector de la construcción.
