En un giro significativo dentro del denominado caso Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid ha revertido una decisión clave en la investigación, centrada en la figura del empresario Juan Carlos Barrabés. El tribunal ha determinado la anulación del análisis realizado sobre el móvil y los dispositivos informáticos de Barrabés – una tablet, dos portátiles y un iPhone, así como el acceso a tres cuentas de correo electrónico – evidenciando fallas en el procedimiento llevado a cabo por las autoridades.
La resolución llega tras el recurso de apelación presentado tanto por la Fiscalía como por el propio Barrabés, quienes desafiaron la autorización concedida por el juez instructor, Juan Carlos Peinado, realizada en agosto pasado para el desprecinto, clonado y volcado de los dispositivos durante la diligencia de entrada y registro en los domicilios y oficinas vinculadas al empresario y su conglomerado empresarial.
Esta decisión de la Audiencia Provincial, que insta a la «destrucción de las copias obtenidas» y excluye cualquier informe o documento relacionado con dicha evidencia de la causa, supone un duro golpe para el avance de las investigaciones. Los magistrados argumentan que la medida se sustenta en una infracción de los derechos fundamentales de Barrabés, citando una falta de justificación adecuada y argumentación por parte del juez Peinado para autorizar la infracción inicial.
El caso, que arroja luz sobre las interacciones entre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y el sector empresarial, específicamente sobre la adjudicación de licitaciones públicas presumiblemente influenciadas por conexiones políticas que habrían beneficiado a Barrabés, enfrenta ahora un importante obstáculo legal. La acusación sostenía que Gómez había actuado abusando de su posición, facilitando la adjudicación de contratos públicos a Barrabés por un valor estimado en diez millones de euros.
La anulación del registro se suma a la complejidad del entramado, especialmente señalando que la urgencia de las acciones policiales no fue debidamente justificada, afectando la legalidad del proceso. La situación de Barrabés como inicialmente testigo y posteriormente imputado en julio, tras revelar sus interacciones con Gómez, pone en perspectiva la delicada línea entre las esferas de influencia política y los intereses empresariales.
La investigación había apuntado a Innova Next SLU, vinculada a Barrabés, resaltando su papel predominante en la adjudicación de contratos públicos, con 28 contratos que suman más de 22 millones de euros, representando el 91,7% del total adjudicado al grupo empresarial.
El desarrollo más reciente abre interrogantes sobre el futuro de la causa y el impacto de esta decisión en las investigaciones de corrupción y malversación de fondos públicos, destacando la importancia de procedimientos ajustados a ley para salvaguardar la integridad del sistema judicial y los derechos individuales frente a investigaciones de alta repercusión.
