En Andalucía, el panorama fiscal se encuentra en un punto de inflexión después de que el Gobierno de Juanma Moreno, durante los seis años al frente de la Junta, implementara seis significativas reducciones fiscales como parte de su prometido combate contra el denominado «infierno fiscal» atribuido a gestiones previas del PSOE. Sin embargo, frente a ciertas limitaciones presupuestarias actuales, desde el ejecutivo de Moreno se contempla ahora una estrategia de reducción fiscal más «quirúrgica» que masiva, enfocada en ámbitos específicos como la vivienda, las familias y la actividad empresarial.
Esta cautela se manifiesta en un momento en que la discusión sobre la financiación autonómica toma relevancia, especialmente tras el pacto entre el PSC y ERC, que podría desembocar en la implementación del cupo catalán. El debate gira en torno a la satisfacción de las demandas andaluzas de una compensación de 1.500 millones de euros anuales que, según argumenta el gobierno regional, les es adeudado, a la vez que se enfrentan a críticas por las reducciones fiscales de años anteriores.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha sido clara al afirmar que cualquier nueva medida fiscal deberá sopesarse contra la actual disponibilidad presupuestaria, en una postura que refleja la cautela del Gobierno andaluz ante la posibilidad de comprometer aún más sus finanzas.
La administración de Moreno sostiene que las reducciones de impuestos previas han incentivado la economía local, alegando un aumento de 600.000 declarantes en los últimos años. Esta política fiscal, caracterizada por significativas bonificaciones como la del impuesto al Patrimonio, ha colocado a Andalucía en el centro de la competición fiscal con otras regiones, especialmente Madrid, cuya líder, Isabel Díaz Ayuso, continúa anunciando rebajas fiscales.
Sin embargo, el enfoque ahora parece ser más cauteloso, con un énfasis en medidas específicas que puedan reforzar el tejido económico sin comprometer la solvencia fiscal de la región. La gestión de esta delicada balanza entre estímulo económico y responsabilidad fiscal representará un desafío clave para el Gobierno de Moreno en los próximos años, especialmente ante el complejo escenario de financiación autonómica que se desarrolla a nivel nacional.
