En un movimiento controversial que ha despertado dudas y críticas, el alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha intervenido en las dinámicas de expropiación dentro del proyecto PAU-5, el cual se proyecta como el mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid. La modificación realizada por el Ayuntamiento de Parla, bajo la administración del PSOE en colaboración con Más Madrid, ha convertido el sistema de ejecución de compensación a expropiación forzosa, con un enfoque puntual en una zona específica del desarrollo.
Esta decisión, consolidada en mayo de 2024 mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno, parece haber beneficiado indirectamente a socios del hermano del alcalde, Wilfredo Jurado, exconcejal de Urbanismo y figura marcada en la política local por anteriores controversias. A pesar de que el Ayuntamiento niega cualquier vínculo entre los beneficiados por esta maniobra y Wilfredo Jurado, investigaciones han revelado conexiones financieras y comerciales relevantes entre los empresarios afectados y el entorno familiar del alcalde, poniendo en tela de juicio la equidad y transparencia del proceso.
El cambio en la estrategia de expropiación plantea interrogantes sobre el criterio de selección para la liberación de ciertas zonas frente a otras, en especial, la denominada ZA-1, que ha sido excluida de la expropiación forzosa. Este sector, ahora protegido, involucra a empresarios con lazos empresariales y personales con el hermano del alcalde, quienes han encontrado en la modificación del plan una ventaja financiera significativa, condicionando además, los pagos de ciertas propiedades a la evolución y concreción del proyecto.
La maniobra ha generado malestar entre los propietarios afectados por el proyecto de expropiación y ha suscitado llamados a la investigación y transparencia por parte de la oposición y sectores de la coalición gobernante. La justificación oficial del Ayuntamiento apunta a la necesidad de aliviar la carga financiera de la urbanización sobre los propietarios y asegurar el avance del proyecto ante el estancamiento provocado por disputas y dificultades administrativas.
Este caso se suma a una serie de desafíos que enfrenta la administración de Parla, incluyendo críticas por adjudicaciones directas y la gestión de recursos frente a una elevada deuda municipal. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas claras y acciones concretas que aseguren la equidad y eficiencia en el desarrollo de un proyecto clave para el futuro económico de la región.
