En una escalada de tensión política, el Partido Popular (PP) sigue poniendo el foco en el Gobierno a raíz de las acusaciones sobre la presunta utilización de recursos y personal públicos en actividades privadas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según revelaciones de Diario de Actualidad, Gómez habría empleado a una asesora de La Moncloa, financiada desde el Ministerio de Presidencia, para gestionar cobros relacionados con su máster y participar en la adjudicación de contratos públicos destinados a la promoción de estos programas de posgrado a través de las redes sociales.
Elías Bendodo, vicesecretario del PP, ha hecho especial hincapié en esta cuestión, apuntando a que La Moncloa «no solo es la residencia oficial del presidente sino también el centro de operaciones de los negocios de su mujer». Estas declaraciones buscan evidenciar la incomodidad y los supuestos nervios manifestados por el Gobierno, en especial, por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien supervisa directamente a María Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora en cuestión.
Bendodo no ha dudado en cuestionar a Bolaños durante la sesión de control en el Congreso sobre su posible implicación en la contratación de la asesora, recibiendo por parte del ministro una respuesta esquiva. Esta actitud ha sido interpretada por el PP como una señal de que hay algo que ocultar, especialmente después de que Diario de Actualidad expusiera la situación, sugiriendo que tanto Bolaños como su superior, Óscar López, podrían enfrentarse a acusaciones por malversación de fondos públicos.
El panorama se complica aún más con la declaración ante la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama, principal implicado en el caso Koldo de fraude fiscal, cuyo testimonio podría agravar la situación para el PSOE. El PP recalca la relación entre Aldama y Gómez, quienes supuestamente habían planeado emprender juntos en el desarrollo de una aplicación de telefarmacia, proyecto que finalmente no se materializó.
Ante este contexto, el PP ha reactivado sus esfuerzos por mantener en el candelero las acusaciones contra el Gobierno, aprovechando las recientes informaciones periodísticas y avanzando en las investigaciones judiciales. La formación ha anunciado la citación en el Senado de la asistente de Moncloa vinculada a Begoña Gómez y de tres ministros, en un claro intento de esclarecer las implicaciones de estas denuncias en la gestión de los recursos públicos y en la integridad del Ejecutivo.
Este episodio pone en evidencia no solo la intensidad de las disputas políticas en el país, sino también los desafíos en materia de transparencia y rendición de cuentas a los que se enfrentan las instituciones españolas.
