En un tenso escenario político y social, la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, se presentó este lunes ante la comisión de investigación del Congreso para arrojar luz sobre el polémico caso Koldo, una supuesta trama de corrupción ligada a la venta de mascarillas defectuosas durante la pandemia. Prohens, del Partido Popular (PP), sostuvo con firmeza que su administración no dejará pasar por alto ni un solo euro de los fondos públicos supuestamente defraudados, en contra de lo que afirman las críticas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El caso gira en torno a un contrato de 3,7 millones de euros otorgado en 2020 por el anterior gobierno balear, dirigido entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, a la compañía de Koldo García Izaguirre para la adquisición de mascarillas. Este material, más tarde, fue declarado defectuoso. Sin embargo, la solicitud de reembolso del monto no fue realizada por el ejecutivo hasta el año 2023, cuando la investigación ya había sido encaminada por la Guardia Civil y la Fiscalía.
Durante su comparecencia, Prohens condenó las acciones del anterior ejecutivo socialista, insinuando obstrucción en la investigación y cuestionando la ocultación de información relevante, como el hecho de que las mascarillas afectadas estuviesen almacenadas y hubiesen caducado, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En una revelación que podría intensificar las tensiones políticas, Prohens negó enfáticamente haber estado al tanto de la situación antes de su investidura como presidenta de las Islas Baleares en julio del año pasado, desmintiendo cualquier contacto previo con los implicados en la trama, como sugieren acusaciones basadas en comunicaciones interceptadas que implicaban indirectamente a miembros del PP y del Gobierno balear.
A medida que la Fiscalía Europea ha tomado cartas en el asunto abriendo una investigación sobre el uso potencial de fondos europeos en estas compras, el caso Koldo no solo amenaza con ensanchar la brecha entre los principales partidos de España sino que promete mantener en vilo al electorado balear y al nacional, dada la implicación de recursos públicos y la gestión de la crisis sanitaria como telón de fondo.
Prohens ha aumentado la apuesta, no solo manteniendo viva la reclamación inicial sino elevando la cantidad demandada a 3,7 millones de euros. Con esta acción, busca dejar en claro que bajo su gestión, la presunta trama encontrará un firme obstáculo. La dirigente populista también señaló la incongruencia de un certificado emitido por el anterior gobierno, el cual calificaba de «satisfactorio» el suministro de las mascarillas ahora cuestionadas, a pesar de ser conscientes de su defectuosidad.
Este capítulo más reciente en una serie de eventos que mezclan política y gestión en tiempos de crisis sanitaria resalta no solo las dificultades inherentes a la toma de decisiones durante una emergencia, sino también cómo estos escenarios pueden ser minas terrestres para la integridad gubernamental y la confianza pública, con ramificaciones que se extienden mucho más allá de las costas de las Islas Baleares.
