El diputado del Partido Popular, Alberto Casero, está a punto de enfrentar cargos por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Esto se debe a cinco contratos de servicios, patrocinio o convenios que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018. El magistrado Andrés Palomo ha dado por terminada la instrucción del caso y ha dado diez días al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral o pida el sobreseimiento. Casero admitió en una declaración ante el instructor del Tribunal Supremo que firmó algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento legal.
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