En un giro inesperado en el desarrollo del caso Koldo, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado personarse como perjudicado en la investigación que lleva adelante la Audiencia Nacional, bajo la instrucción del juez Ismael Moreno. Ábalos manifiesta haber sido dañado por la difusión de informaciones que le conciernen directamente, a pesar de no estar implicado directamente en el caso. Este movimiento legal surge a raíz de que se hiciera público un informe del actual Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, relativo a las acciones de contratación y distribución de mascarillas durante el auge de la pandemia en 2020, un documento que, según Ábalos, debió mantenerse en carácter interno.
El exministro ha expresado su inconformidad, argumentando que la publicación de este informe en el sitio web del Ministerio fue «improcedente» y ha tomado acciones para presentar un informe pericial que contradice y desacredita las implicaciones vertidas en su contra. Ábalos sostiene que la auditoría encargada por el Ministerio, en un gesto tildado por él como «instrumental», buscaba asignarle responsabilidades directas sin fundamentos legítimos, situación que lo coloca en una posición de desventaja y busca perjudicarlo.
El informe pericial aportado por la defensa de Ábalos critica duramente la auditoría del Ministerio por su falta de adherencia a los principios fundamentales de una auditoría objetiva. Destaca la presencia de sesgos evidentes, la falta de justificación adecuada para las argumentaciones presentadas, la ausencia de la imprescindible evidencia sustentatoria y una notable subjetividad en el contenido del informe, comprometiendo su fiabilidad y objetividad.
Entre otros puntos críticos, el informe de la defensa señala deficiencias en la documentación de los protocolos utilizados para la investigación, la falta de justificación sobre la selección de los entrevistados, y la ausencia de un proceso adecuado para informar a los interrogados sobre el procedimiento de la inspección de control interno y las posibles consecuencias de sus declaraciones. Destacan, asimismo, que no se interrogó a individuos que ostentaban posiciones de alta responsabilidad en el Ministerio en el tiempo de las contrataciones examinadas.
Esta solicitud de personación como perjudicado de José Luis Ábalos añade una nueva dimensión al caso Koldo, evidenciando la compleja red de implicaciones políticas y la tensión entre la gestión pública de la crisis sanitaria y la integridad de los procedimientos de fiscalización y auditoría en el contexto de emergencia. El desenlace de esta petición y los efectos que podría tener en el caso están aún por verse, marcando uno de los capítulos más recientes y notables en la intrincada trama de la política española.
