El periódico El País ha revelado que José Manuel Holgado Merino, director general de la Guardia Civil durante la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como ministro del Interior en el último Gobierno de Mariano Rajoy, ordenó por escrito en diciembre de 2017 que el Servicio de Asuntos Internos dejara de investigar la supuesta adjudicación irregular de decenas de obras del instituto armado al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, uno de los ahora imputados en el caso Cuarteles de corrupción junto al teniente general Pedro Vázquez Jarava.
Según recogen los documentos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso El País, Holgado dio la orden a pesar de que un informe encargado a la Jefatura de Asuntos Económicos había confirmado las sospechas de Asuntos Internos de que hubo supuestas irregularidades en aquellas licitaciones.
Este aparente intento de encubrir una posible corrupción institucionalizada dentro del propio cuerpo de la Guardia Civil es extremadamente preocupante. Los funcionarios públicos, independientemente de su jerarquía, deben actuar con transparencia y ética para proteger el bienestar de la ciudadanía.
Además, esta decisión no solo supone un ataque directo a la esperanza de una investigación justa y completa, sino que también podría haber afectado al uso adecuado y responsable del presupuesto público.
Por otro lado, la impunidad de los delitos de corrupción tiene un impacto grave en la economía de un país y en la credibilidad de sus instituciones. Los informes hechos en el contexto de este incidente, y otros similares, abren preguntas que deben ser respondidas con sinceridad y contundencia si queremos cuidar la democracia y el estado derecho. Esto no es cuestión de partidos políticos o ideologías, sino de un valor ético y moral básico.
Es necesario que los responsables de todos los partidos se unan para garantizar la transparencia y la integridad dentro de sus respectivas esferas de influencia, y que denuncien cualquier conducta corrupta que se descubra. Los ciudadanos no pueden permitir este tipo de comportamiento por más tiempo y deben defender su derecho a una justicia honesta, igual y transparente.
En conclusión, cada vez que se desvela un caso de corrupción en el Estado, es importante no solo que esa corruptela individual sea perseguida y juzgada, sino que se propongan medidas para prevenir futuros actos corruptos y se tomen en serio el trabajo de los investigadores y fiscales. Si queremos retomar la confianza en el poder, necesitamos asegurarnos de que las instituciones estén trabajando para el bienestar de la ciudadanía, y de que cualquier tipo de comportamiento corrupto sea castigado según los mandatos de la ley.
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