Jueces y Fiscales Amenazan con Huelga Contra las Reformas del Gobierno
Las principales asociaciones de jueces y fiscales, con excepción de las más progresistas, han anunciado que convocarán una huelga si obtienen un "respaldo mayoritario" de sus bases para exigir la retirada de dos reformas judiciales impulsadas por el Gobierno. Estas modificaciones buscan alterar el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como la estructura de la Fiscalía General del Estado, medidas que los magistrados consideran una amenaza a la independencia del poder judicial.
Según un comunicado difundido este lunes, cerca del 70% de los jueces y fiscales en activo secundaron un paro simbólico frente a los tribunales, donde denunciaron "la gravedad" de las reformas en curso, que, a su juicio, "ponen en entredicho principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal". Ante el "éxito masivo" de la protesta, las asociaciones han iniciado un proceso de consulta interna para evaluar el apoyo a una eventual huelga, que califican como una medida "legítima, responsable y proporcionada".
Han constituido un Comité de Huelga, integrado por representantes de las principales asociaciones profesionales, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y varios colectivos fiscales. Este órgano será el encargado de coordinar las acciones futuras si se confirma el respaldo mayoritario.
Las asociaciones sostienen que las reformas, tramitadas por "vía de urgencia y sin diálogo", erosionan "pilares esenciales" del sistema judicial. Aseguran que el alto seguimiento de la protesta refleja un "profundo malestar" en el sector, que exige "una Justicia independiente y al servicio de los ciudadanos".
La tensión ha trascendido el ámbito judicial: la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha pedido formalmente al Gobierno que retire unos proyectos que, en su opinión, "atentan contra la separación de poderes". Mientras, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende las reformas como un intento de modernización.
La movilización judicial coincide con un clima político polarizado, en el que la oposición acusa al Ejecutivo de socavar la independencia de los jueces, algo que el Gobierno desmiente. El conflicto podría escalar si se confirma la huelga, en lo que sería un enfrentamiento sin precedentes entre el poder judicial y el legislativo.
