Una década en el poder y una vida en la mina: Juan José Fernández Garrido libra la última batalla por la reapertura de Aznalcóllar
Aznalcóllar, el pueblo sevillano que lleva grabado a fuego el recuerdo del desastre de Bolidén en 1998, vive sumido en una encrucijada. Diez años después de asumir la alcaldía, Juan José Fernández Garrido, exminero y portavoz de los trabajadores que quedaron en el paro tras el vertido tóxico, encabeza la defensa de un proyecto que promete resucitar la economía local: la reapertura de la mina Los Frailes bajo la gestión del Grupo México. Pero lo que para unos es una oportunidad, para otros —ecologistas, pescadores y alcaldes de la desembocadura del Guadalquivir— supone una amenaza ambiental irreparable.
Entre la esperanza y la polémica
La sombra de aquel abril de 1998, cuando una balsa minera contaminó el Guadiamar y rozó el Parque de Doñana, sigue presente. Sin embargo, en 2013 llegó un halo de esperanza: las autoridades dieron luz verde a la reactivación minera. Doce años después, pese a contar con todos los permisos de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el proyecto sigue paralizado. Los obstáculos judiciales —como la denuncia de la empresa Emérita— se han visto ahora reforzados por un nuevo frente: un estudio de la Universidad de Sevilla que advierte de los riesgos de vertidos contaminantes en el estuario.
"No somos monstruos", replica Fernández Garrido, alcalde de Izquierda Unida, ante las críticas de los ecologistas. Con ironía, recuerda que en Aznalcóllar "no han nacido niños con seis dedos", defendiendo que el proyecto incluye tecnología del siglo XXI para tratar aguas y rehabilitar el terreno. Según él, la única forma de evitar que la corta minera —hoy inundada con agua contaminada— reviente es extraer el mineral y sellar las escombreras. "El verdadero riesgo está en no actuar", insiste.
El debate ambiental:¿Miedo infundado o riesgo real?
El informe universitario señala que los vertidos de metales pesados desde la mina de Gerena —operativa desde hace una década— ya afectan a los sedimentos del Guadalquivir, amenazando la pesca y el marisqueo. Ecologistas en Acción, junto a los alcaldes de Sanlúcar de Barrameda (IU), Rota (PSOE) y Chipiona (independiente), entregaron una carta al presidente Juanma Moreno pidiendo frenar el proyecto. "Algunas especies, como los ostiones, ya están debilitándose", denuncia Rafael Ruiz, representante de los pescadores de Chipiona, quien teme que la situación empeore.
Frente a estas acusaciones, Fernández Garrido atribuye el cambio de color del contraembalse del río Agrio —que alarmó a los vecinos— a un fenómeno natural. "Son ciclos históricos vinculados a las lluvias", explica, recordando episodios similares en 2004 o 2017. Además, subraya que el agua de esa presa abasteció al pueblo durante 20 años "sin consecuencias para la salud".
Minería vs. Futuro verde
Mientras Europa impulsa la explotación de minerales críticos —claves para la transición energética—, Aznalcóllar se debate entre el empleo y la ecología. El Grupo México promete 250 puestos directos, inversión y una planta de tratamiento de agua "con los más altos estándares". Para Fernández Garrido, es la última oportunidad: "Cuando deje la alcaldía, mi prioridad será ver la mina restaurada". Pero en el Bajo Guadalquivir, donde el catedrático Jesús Castillo alerta de daños "irreversibles", la lucha está lejos de terminar.
En juego no solo está el pasado minero de un pueblo, sino el futuro de un ecosistema que, para muchos, ya dio una segunda oportunidad. ¿Volverá Aznalcóllar a ser un motor económico o repetirá los errores del 98? La respuesta, ahora, depende de tribunales, científicos y, sobre todo, de quién logre ganar la batalla del relato.
