La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, ha fracasado debido a la falta de acuerdo entre los seis partidos que la apoyaban. Durante un año de negociaciones, PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts habían alcanzado acuerdos en más de 70 enmiendas parciales para reformar 36 de los 54 artículos y una decena de disposiciones adicionales de la ley. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en cuatro artículos, lo que resultó en el fracaso de la reforma.
Entre los cambios más relevantes que ya estaban acordados y que finalmente no verán la luz, se encuentran el establecimiento de sanciones proporcionales a la infracción cometida, la eliminación de las multas por participar en manifestaciones no autorizadas, la eliminación de la figura de los agentes encubiertos, la eliminación de la sanción por falta de colaboración con las fuerzas de seguridad, la obligación de identificar a los agentes de paisano cuando realicen una detención, así como el aumento de la protección de los periodistas en el ejercicio de su labor informativa.
También se acordó cambiar la regulación de las sanciones por el uso inadecuado de imágenes o datos personales captados en las protestas, y establecer la necesidad de autorización judicial previa para procesar a menores de edad y establecer límites más precisos a la expulsión de extranjeros. Además, se acordó una regulación más ajustada del uso de drones y la creación de un protocolo para garantizar la protección de los derechos fundamentales en el uso de tecnología en las manifestaciones.
Sin embargo, este conjunto de cambios no ha sido aprobado, lo que significa que la polémica ley de seguridad ciudadana, aprobada por el Partido Popular en 2015, aún se mantendrá en vigor.
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